Camilo Daniel Arango Miércoles, 21 de junio de 2017

Los cambios normativos de mayor impacto se han visto en escenarios y sectores sensibles dentro de dicho contexto, principalmente en lo que corresponde a la reforma agraria y el acceso a la tierra, contratación estatal, así como la financiación y estabilización de proyectos de infraestructura. No obstante, pecar por defecto más no por exceso en un andamiaje normativo en construcción ha sido tal vez una premisa vigente, de la cual no se avista pronunciamiento alguno. Tal sería, por ejemplo, la ausencia o escasez normativa en temas de vital importancia tales como las consultas previas y los convenios (interadministrativos y de asociación), respectivamente. El Decreto 092 de 2017 se quedó bastante corto.

A esto se suma el ejercicio de la democracia manifestado en consultas populares territoriales, muy de moda hoy en día, en las cuales se define la subsistencia de actividades que el legislador primario ha considerado como de utilidad pública e interés general, especialmente en la industria Minera y Oil & Gas. Intereses que, inevitablemente, habrán de requerir la intervención del Estado y una normativa que jurisprudencialmente la respalde, pues la ponderación de nociones primordiales habrán de chocar, por ejemplo; “Utilidad Pública e Interés General”, “Vocación de la Tierra” y “Consulta Popular”, entre otras. ¿Cuál deberá dar prioridad el Estado? ¿Habrá un balance que satisfaga de manera integral los intereses nacionales?

Así las cosas, el acompañamiento que garantice una proporcionada seguridad jurídica normativa, estabilidad de institucional y la búsqueda de un balance en la protección de los derechos e intereses de la nación y sus habitantes, se constituye como el principal compromiso y responsabilidad de quienes actúan en el universo del derecho.