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Legislación

El CNE abrió indagación preliminar a Carlos Fernando Galán por financiación en campaña

Superar el umbral de gastos en campaña inhabilita a las empresas para contratar con las entidades territoriales donde el candidato resultó electo

09 de julio de 2026

Karen Pinto Duitama

kpinto@larepublica.com.co

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Colprensa
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El Consejo Nacional Electoral, CNE, abrió indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras una denuncia del concejal Angelo Schiavenato por presuntos aportes fragmentados por parte del Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria para eludir el límite legal de financiación de campañas.

"Por medio del cual se avoca la apertura de indagación preliminar por la presunta vulneración de los articulos 13, 14 y 16 de la Ley 130 de 1994, 20 y 23 de la Ley 1475 de 2011, por parte del señor Carlos Fernando Galán, en calidad de alcalde electo a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., avalado por el Partido Nuevo Liberalismo, en el marco de las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023", señaló el CNE.

La investigación del concejal determinó que Mercantil Colpatria habría donado $250 millones a la campaña, mientras que el Grupo Bolívar, a través de sus empresas, habría entregado $100 millones, quedando a solo $5 millones del tope máximo de 2% de los gastos de campaña.

El problema radica en que a pocos meses de la posesión de Galán, la Alcaldía adjudicó la administración de cerca de $3 billones, correspondientes a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, Foncep, al Banco Davivienda, una entidad vinculada al Grupo Bolívar, y en 2025, Davivienda y Colpatria confirmaron fusión societaria.

Al sumar los aportes de las empresas del Grupo Bolívar, junto con el de Mercantil Colpatria, hoy fusionada con Davivienda, el monto total de financiación proveniente del grupo superaría el umbral de 2%, lo que podría activar las restricciones de contratación con el Distrito.

El CNE trasladó copia del expediente a la Fiscalía y a la Contraloría para que, dentro de sus competencias, investiguen posibles delitos o detrimentos al patrimonio público.

 

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