El presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén, avaló la norma en la cual el Gobierno condicionó el pago de las pensiones a que la respectiva caja, fondo o empleador haya trasladado a la entidad administradora de los recursos pensionales de los jubilados. La norma había sido demandada, pero se negó la pretensión de nulidad ya que se consideró que la decisión estaba basada en la ley.
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