El costo político de la condena de 12 años de prisión del expresidente Álvaro Uribe
La defensa tiene dos días adicionales para sustentar la apelación y la diligencia se retomará el próximo 13 de agosto a las 5:00 p.m.
02 de agosto de 2025Un nuevo capítulo del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez comenzó, luego de que la jueza Sandra Liliana Heredia condenó al exjefe de Estado a 12 años de prisión domiciliaria y ordenó la detención inmediata de la principal figura del Centro Democrático.
La decisión es de odios y amores, y el país, nuevamente, está dividido en dos. El fallo iba a ser leído a las 2:00 pm del pasado viernes 1 de agosto, pero la información se hizo pública antes de la audiencia citada por Heredia.
En la primera parte del fallo, que consta de 1.114 páginas, la jueza Heredia absolvió al expresidente Uribe de la conducta de soborno en relación con la fiscal Hilda Niño Farfán y del fraude procesal en relación con Harlintong Mosquera. Sin embargo, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano en ser condenado en la historia reciente, por soborno en actuación penal y fraude procesal.
El expresidente Uribe también fue multado con 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, unos $3.440 millones y la inhabilitación de ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días, por ser determinador penalmente responsable en los delitos mencionados. Sin embargo, la pena será domiciliaria y Uribe deberá dirigirse de inmediato a su domicilio en Rionegro para cumplir con la condena.
La condena tiene un profundo carácter político. La mayoría de los defensores del expresidente calificaron como “arbitraria” la decisión anticipada de ordenar la captura del exjefe de Estado. “Sin sentencia en firme y sin haberse resuelto el recurso de apelación, se vulnera la presunción de inocencia. La jueza actúa con sesgo y exceso, anticipando cumplimiento de sanción sin control superior”, dijo el abogado defensor en el exterior de Uribe, Víctor Mosquera.
De hecho, el mismo expresidente, en su declaratoria, dijo que “predominó la política sobre el derecho. Me niegan el derecho a permanecer en libertad y una de las razones es supuestamente para evitar violencia”, dijo.

El simple hecho de ser inhabilitado para cargos públicos durante más de ocho años, implica la muerte política para el expresidente Uribe. En caso de que quede en firme esa condena, luego de la apelación, también implicaría la pérdida de los derechos políticos, como al sufragio, a participar en asuntos públicos, a afiliarse a partidos políticos, a postularse a cargos públicos, a ejercer cargos públicos, entre otros.
El partido Centro Democrático convocó movilizaciones el próximo 7 de agosto como muestra de apoyo al exjefe de Estado, respaldado por diferentes senadores de esa entidad como Paloma Valencia o María Fernanda Cabal, férreas defensoras del exjefe del Estado. “Unidos y firmes los colombianos saldremos a defender nuestra democracia. Este 7 de agosto marchamos por la justicia, por la verdad y por Álvaro Uribe Vélez. Esta movilización llegará hasta los últimos rincones del país”, dijo Valencia.
El tablero electoral está como una caldera y algunos calificaron la decisión como un golpe político para sacar de las contiendas electorales a quienes mejorar su popularidad.
“La condena contra el expresidente Álvaro Uribe genera profunda inquietud en amplios sectores de la sociedad colombiana que valoran su liderazgo, patriotismo y compromiso con el país. Los fallos de la justicia deben ser respetados. Confiamos en que la segunda instancia analice nuevamente los argumentos y el material probatorio, y que, a partir de esa evaluación, pueda arribar a una conclusión distinta a la adoptada en primera instancia”, explicó el senador Efraín Cepeda.
La juez otorgó dos días adicionales a la defensa del expresidente, para sustentar la apelación a la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el exmandatario, y la diligencia se retomará el próximo miércoles 13 de agosto a las 5:00 p.m.
Antecedentes
Uribe cuestionó que la juez Heredia se refiriera sobre “gallardía” con los hijos del exmandatario. “Mis hijos son críticos del Gobierno y que se utilice la justicia para hacer política (…) Decir que a mi familia le ha faltado gallardía es una acusación muy grave, sobre todo cuando la misma señora juez ha dicho que hay que proteger que esto derive en violencia, eso es un señalamiento para que se proceda violentamente contra mis hijos”, dijo durante su testimonio.
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