Colprensa

Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

  • José David Castilla

jueves, 11 de abril de 2019

Martínez presentó la ponencia ante el Senado para buscar salvar las objeciones presidenciales.

Con la asistencia de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el fiscal Néstor Humberto Martínez y la ausencia de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se cumplió este jueves en el Senado de la República la audiencia pública sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

Aunque se dieron posturas a favor y en contra de la misma, el gobierno y la Fiscalía reiteraron la necesidad de que esta corporación vote afirmativamente las objeciones. El lunes pasado por 110 votos contra 44, la Cámara de Representantes le negó al mandatario Duque las objeciones.

El fiscal Martínez expuso que la necesidad de que estas objeciones sean avaladas es para cerrar, entre otras situaciones, que con esa ley quede prohibida la extradición a terceros, pero que en su criterio lo que hace es favorecer a quienes son narcotraficantes.

“Quieren acabar con la extradición por la puerta de atrás. Eso es insólito, se tiene que debatir en el Congreso de la República (…) se favorece es al narcotraficante, a ese narco le abrieron el artículo 153”, sostuvo.

El jefe del búnker aseguró que se investigará quién fue el autor de ese artículo, afirmación que llevó a una dura reacción del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien se sintió aludido por lo dicho, por lo que pidió interpelar de inmediato a Martínez.

Al no poder hablar, el senador y el fiscal se cruzaron algunos comentarios en el sentido de quién es el responsable. Incluso la senadora Paloma Valencia, quien presidió la audiencia, negó que Cepeda estuviera siendo censurado.

Por su parte, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, aseguró que las objeciones se deben aprobar para corregir un problema en que ese despacho que él orienta, quedaría según la ley, sin la facultad de poder revisar las listas de quienes se acogen a las desmovilizaciones.

“Desde 1997 el ejecutivo ha tenido la facultad de verificar la pertenencia o no de actores armados a un grupo, preocupa al gobierno que esta indeterminación de esa facultad afecte tanto procesos presentes como el de las Farc, como un eventual proceso con el ELN, porque si es la JEP la que termina determinando quiénes son miembros o no de un grupo armado a su vez tendrían que juzgarlos”, manifestó Ceballos.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sostuvo que el gobierno reitera en las razones de las objeciones y en tal sentido indicó que las defenderá en la sesión de la plenaria del Senado.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.