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Fernando Álvarez Rojas domingo, 25 de noviembre de 2012

En la disputa del que tiene con el que no tiene, siempre éste gana: si conserva su posición no ha perdido y lo que obtiene es ganancia. Hemos perdido una porción de nuestro mar; otro más hábil y astuto tiene hoy lo que ayer fue nuestro.

Una de las ciencias del juego es leer la jugada del oponente para poderla neutralizar. Nicaragua ya había le había ganado a Honduras con similar estrategia.

No podemos caer en la rabieta del mal perdedor. La desobediencia a un fallo, es desprestigio. La Corte es el resultado del esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional para contar con  un organismo que dirima sus conflictos. Los Estados cuando concurren a su convocatoria se someten a su decisión. Porque perdimos no podemos rebelarnos a la competencia a la que nos allanamos. Se perdieron aproximadamente dos terceras partes de territorio Atlántico, la riqueza del Banco de Laguna Verde, la posibilidad del aprovechamiento del gas y petróleo, nunca comparables con la riqueza de especies vivas que condujeron a la Unesco a declararla zona ambientalmente protegida.  Disminuimos mar, biodiversidad, riqueza ictiológica y submarina.

Las generaciones presentes heredamos una geografía reducida por los errores de nuestros antepasados. A quienes retiraron la declaración de aceptación de la Corte Internacional de Justicia en el 2001, un día antes de la demanda, y a quienes formularon  la defensa en los términos que lo hicieron, el futuro los juzgará. El suelo susceptible de ejercicio de soberanía sigue siendo nuestro; hemos perdido la zona económica exclusiva y eso nos dolerá en el futuro más que en el presente con un grado de responsabilidad histórica para quienes nos condujeron al lugar en que nos hallamos. La Corte de La Haya venía generando una línea que hizo que una estudiosa del tema como la Canciller presagiara el fallo; sobre ella llovió rayos y centellas, pero tenía razón. Cuando la Corte anticipó que el Tratado Bárcenas-Esguerra había resuelto los límites territoriales que involucraban a la Mosquitía y al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, más no los marítimos,  zanjó cualquier disputa sobre el territorio pero abrió el boquete por el que se escurrió nuestro mar, mucho más teniendo en cuenta sus precedentes. Ya no había nada que hacer, solo esperar. El fallo de La Haya tiene indudablemente inconsistencias, las más evidente la desintegración del archipiélago para separar los cayos de Quitasueño y Serrana que aunque generan 12 millas de mar territorial quedan rodeados de mar extranjero al que Nicaragua no tendría derecho si no se separa lo que es una unidad geográfica y conceptual.  Los cayos quedaron convertidos en enclaves. Hay radica no solo el error conceptual, sino el error  de justicia. La función del juez internacional es buscar la paz perpetua la que es posible cuando sus sentencias no contienen decisiones capaces de generar un nuevo conflicto. Las sentencias son ejercicio de razón práctica: liman las asperezas suprimiendo todas las aristas que constituyen punto de roce. Los enclaves son un fermento catalizador de futuras disputas. El juez no solo se equivoco en la lógica, por contener la sentencia argumentaciones que riñen el principio de identidad y no contradicción, erro en justicia porque no resolvió una diferencia sino generó una pugna.

Colombia está en el deber de defender su territorio, territorio que aunque es un archipiélago quedó aislado. En estas condiciones ejercer soberanía es entrar en conflicto con Nicaragua.
 

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