De acuerdo con la ex cancillera Noemí Sanín Posada, tal como establece el Derecho Internacional, se han presentado hechos nuevos que obligaría a la CIJ a revisar la decisión. 

 

Se refiere la ex ministra de Exteriores al anuncio de Nicaragua de entregar en concesión a una empresa china la construcción de un canal interoceánico. 

 

“Aunque algunos expertos piensen lo contrario, en mi opinión el hecho nuevo es que Nicaragua subrepticiamente estaba negociando el canal con una empresa china antes de producirse el fallo, y para ello necesitaban de nuestras aguas. Antes del fallo firmaron el memorando de intención porque una de las jueces ya lo conocía y no se declaró impedida”, afirma Sanín Poasada. 

 

La ex cancillera se refiere a la jueza Xue Hanqin, que fue designada por China para formar parte del tribunal que falló en contra de Colombia el pasado 19 de noviembre el diferendo limítrofe con Nicaragua por la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia. 

 

Pero según Sanín, la jueza Hanqin debió declararse impedida por varias razones: “fue embajadora económica del sudeste asiático entre 2008 y 2010 y como tal conoció de los negocios de China, y conocía los negocios de semejante tamaño que se estaba fraguando de forma discreta entre Nicaragua y China. Pero, además, seis meses antes del fallo conoció la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua que mediante la Ley 800 daba los servicios del canal, y establecía que 51% era para Nicaragua y 49 para aliado estratégico”, explica la ex ministra. 

 

Y agrega que la juez china, también debió declararse impedida y no lo hizo, puesto que fue embajadora de su país y colega del embajador nicaragüense ante La Haya, Carlos Argüello. 

 

“Si la juez se declara impedida y dice que se está negociando con una empresa china la construcción del canal, eso obliga a que el fallo hubiera sido distinto”, sostiene. 

 

Por otra parte, la ex ministra dice que el fallo es antijurídico “ya que afecta fronteras de terceros países y eso esta prohibido en el derecho internacional, y desconoció acuerdos pesqueros suscritos por Colombia, desconoció la historia de los raizales, etc.”. 

 

Incluso, considera que de construirse el canal interoceánico “la suerte ecológica del archipiélago de San Andrés y las islas menores es tremendamente grave, porque el fallo desconoció que los raizales han defendido su ecosistema durante siglos”.