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Judicial

El país dejó de invertir $3,7 billones en programas para garantizar el Acuerdo de Paz

Contraloría revela déficit de $78,02 billones a 15 años

21 de septiembre de 2018

José David Castilla


Canal de noticias de Asuntos Legales

Según el más reciente reporte de la Contraloría General, por mala planeación y ejecución de los programas para garantizar las condiciones del posconflicto, el Acuerdo Final de paz generará un aumento de $78,02 billones en su déficit fiscal a 15 años. El ente de control fiscal, también evidenció que durante el último año, los niveles de ejecución presupuestal llegan a 56%, lo cual se traduce en que el país no invirtió más de $3,7 billones en los programas del posconflicto.

El período estudiado por la Contraloría abarca desde la firma del Acuerdo Final de paz (AF), hasta marzo de 2018. Durante este período, se han llevado a cabo 96 proyectos firmados en el marco del acuerdo de paz que representaron $1,38 billones del presupuesto ejecutado. También se aprobaron 23 proyectos de inversión, que suman $220.000 millones y se crearon 554 empresas, en municipios altamente afectados por el conflicto en 23 departamentos.

LOS CONTRASTES

  • Antonio Sanguino Senador Alianza Verde

    “Toca acelerar la ejecución de los puntos que estructuran el acuerdo, en especial la Reforma Rural Integral. Ningún programa antidrogas funcionará, si no se da un cambio estructural en el tema de la tierra”.

El informe resalta que en la propuesta de Reforma Rural Integral hay muchos temas pendientes. Aunque se crearon varias entidades para atender este tema, no existe una política coordinada para la recolección de información de los predios. El informe advierte que el ritmo con el que está actuando el Gobierno, no será suficiente para entregar las tres millones de hectáreas y normalizar otros siete millones de hectáreas, destinados a reestructurar la problemática de la tierra.

Frente a las drogas ilícitas, el informe resaltó que los programas no trabajaron 20% de las hectáreas totales de cultivos ilícitos.

El senador de Alianza Verde, Alberto Sanguino, dijo que “el Gobierno debe entender que ningún programa antidrogas funcionará, si no se da un cambio estructural en el tema de la tierra”.

El AF está proyectado para los próximos 15 años, sin embargo, los número de ejecución de las políticas públicas que lo componen ponen en peligro la reincorporación social de 10.115 exguerrilleros.

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