sábado, 27 de septiembre de 2014
El senador Álvaro Uribe Vélez aseguró que presentará el próximo martes varias pruebas ante la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía y el Congreso de la República, para desmentir la supuesta relación de su fallecido hermano con el narcotráfico.
Uribe dice que cuenta con las escrituras y un registro mercantil que comprobarían que ya Jaime Alberto Uribe Vélez, fallecido en 2001, no fue socio ni miembro de junta en ‘Ganadería la Sorguita’, empresa vinculada con el clan de los hermanos Cifuentes Villa, que operaba desde la década de los 80 y que desempeñaría actualmente tareas de lavado de activos para el cartel del Sinaloa.
En el debate de paramilitarismo, el senador Iván Cepeda argumentó que el hermano de Uribe fue pareja de Dolly Cifuentes, actualmente extraditada y condenada en Estados Unidos.
“Es bueno que la justicia y los ciudadanos registren la cadena de mentiras del terrorismo y del Gobierno Santos para desviar la atención sobre el deterioro de Colombia”, dijo Uribe Vélez.
Equilibrio de poderes preocupa
Los jueces y magistrados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo reunidos en Cartagena, en el marco del centenario del restablecimiento del Consejo de Estado, se mostraron preocupados por la reforma del equilibrio de poderes que se viene discutiendo en el Congreso.
La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, sostuvo que “el proyecto muestra una gran improvisación y no mejora aspectos importantes de la administración de justicia como la celeridad en los procesos y la congestión”.
Además, indican que el proyecto de Acto Legislativo No. 018 de 2014 de reforma, “no responde a las necesidades reales de la administración de justicia”.
“La característica del proyecto es una gran improvisación. No cumple con lo que realmente debería tener un verdadero proyecto de reforma a la justicia y toca aspectos que no son tan relevantes para el funcionamiento de la rama”, indicó la Magistrada.
Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sostuvo que el proyecto es una reforma revanchista contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado por las decisiones que han adoptado en diferentes procesos. “No se trata de una reforma de equilibrio de poderes, sino un desequilibrio de poderes. El Tribunal de Aforados que se propone es una cuenta jurídica contra las Altas Cortes, pone de rodillas a la Rama Judicial y debilita la independencia de la misma”, señaló Montealegre.
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