• Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co

jueves, 23 de diciembre de 2021

Fernando Triana, socio de Triana Uribe & Michelsen y miembro de Asipi, aseguró que el presupuesto está congelado desde el año 2008

La comunidad legal ha advertido que la falta de presupuesto haría que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina desaparezca. Fernando Triana, socio de Triana Uribe & Michelsen y presidente del Tribunal de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi), aseguró que el presupuesto del organismo está congelado desde 2008 y el dinero no es suficiente para atender las causas. Además, a la fecha, Perú debe US$394.352 en aportes.

¿Qué es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?

Es el órgano judicial de la integración y es el tribunal supranacional andino. Con sede en Quito, tiene magistrados de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, toda vez que Chile y Venezuela se retiraron de la comunidad. El Tribunal de la Comunidad Andina se encarga de todo el tema judicial que se suscita entre los países con objeto de la discusión de integración aduanera, económica y social.

¿Por qué está en crisis el organismo?

Desde 2008, el presupuesto del Tribunal de Justicia está totalmente congelado y desde entonces la cantidad de causas que llegan es impresionante. El Tribunal opera en Quito, en una economía dolarizada, y eso ha convertido el presupuesto en un tema más grave, pues antes Ecuador era un país mucho más económico.

¿Los países miembro sí están manteniendo económicamente al Tribunal?

Ese es otro agravante, pues los países miembros tienen una deuda inmensa con el Tribunal porque no pagan sus estipendios: Perú, Ecuador y Bolivia tienen deudas. El único que se mantiene al día es Colombia porque nosotros hemos sido respetuosos de los tratados internacionales.

¿Cómo ha respondido Colombia con el pago?

Colombia está al día y, por ejemplo, en noviembre de 2020 pagó seis meses por adelantado. La pandemia ha sido una excusa de los otros países miembros, pero la deuda viene de años atrás. En noviembre de este año el Tribunal volvió a entrar en crisis, incluso muchos se preguntan a qué van a Quito los magistrados que se elijan el otro año, si no hay recursos para pagarles. El Tribunal está destinado a desaparecer dadas las condiciones económicas.

¿Cuál es el interés de Asipi en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?

En medio del sistema mundial de propiedad intelectual, la fortaleza económica y la seguridad jurídica de los países tambalea sin el tribunal, pues no tenemos ley propia, sino la ley andina.

Tenemos normas supranacionales andinas vigentes en los países miembro, como la 486, que regenta el derecho de autor y la propiedad industrial. Si desaparece el Tribunal, cada país interpretaría la norma andina a su parecer y sería un caos normativo y judicial. Nuestro interés es ilustrar al público y a las autoridades de lo que está pasando.

¿Cómo funcionan estas normas compartidas en la región?

Tenemos la misma ley para los cuatro países en temas como derecho de autor y propiedad industrial. Esto, con el fin de evitar la anarquía de cada nación. El Tribunal dicta a las autoridades colombianas, como superintendencias y ministerios, cómo deben interpretar la ley andina para que se interprete de la misma manera en todos los países.

¿Qué dice el Gobierno sobre la crisis del organismo?

El presidente de la República, Iván Duque, está enterado y ha sido muy receptivo porque parte de su política de Estado es la economía naranja, la cual se funda en la protección adecuada de la propiedad intelectual, y él ha sido uno de los pocos presidentes colombianos que están comprometidos con la protección de la propiedad intelectual de manera integral.

Antecedentes

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el país que a la fecha tiene la mayor deuda es Perú, pues debe US$394.352 de un aporte anual de US$456.560. El organismo reportó también que Bolivia y Ecuador pagaron sus saldos pendientes el día de ayer. En términos de aportes, Bolivia debía US$390.763 y Ecuador US$78.773. Para el año 2020, el presupuesto del organismo fue de US$1,17 millones, que se destinaron a resolver 439 causas judiciales que llegaron al Tribunal.