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José David Castilla Miércoles, 24 de abril de 2019

Solo 22% de las facultades cuenta con acreditación de alta calidad

Con la ratificación normativa de la Corte Constitucional sobre el nuevo examen para los estudiantes de derecho, se impone otro punto para exigirle un poco más a los juristas que se gradúan de las cerca de 100 facultades que existen.

Si bien, de forma general, los decanos de las principales facultades y los mejores abogados reconocen que este ítem es importante para lograr una mayor profesionalización de la abogacía nacional, consideran que aún hace falta gestión efectiva del Ministerio de Educación para controlar la proliferación de facultades que no cumplen con estándares de calidad.

 

 

Hernando Herrera, director de Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), aseguró que “hemos notado que en muchas facultades de derecho se han generado unas flexibilizaciones en los programas académicos, lo que nos ha dado abogados con una preparación deficiente”.

Según datos de la CEJ, solo 22% de las facultades de derecho del país cuentan con acreditación de alta calidad. Un síntoma de que falta mucho por mejorar en el mundo académico.

Hernando Torres, decano de derecho en la Universidad Nacional opinó que “lo que se ve un poco con este tema del examen es una solución facilista a una crisis de fondo dentro del sistema educativo. Hay que mejorar la organización de las universidades, cerrar la puerta al facilismo y aumentar la exigibilidad académica”.

Por su parte, el decano de derecho en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Carlos Andrés Gómez, dice que este examen “no es suficiente, aunque sí es un primer paso muy importante. Pienso que aún nos hace falta un control más estricto para los abogados que en este momento se encuentran litigando ante altas corporaciones judiciales”.

 

LOS CONTRASTES

  • Hernando Herrera Director Corporación Excelencia en la Justicia

    “Complementariamente a esta medida, esperamos que el Ministerio de Educación haga una revisión a fondo sobre esas facultades de derecho que han flexibilizado sus programas académicos”.

 

El penalista Jaime Lombana aseguró que “es una medida conveniente, pero creo que las autoridades deben mirar dentro de las facultades de derecho para enseñarle a los estudiantes más análisis e interpretación en distintos campos. Un examen adicional no es suficiente. Considero que las universidades también tienen la obligación de infundir en los abogados que ética, moral y derecho siempre van de la mano.”.

Por su parte, Luis Fernando Macías, socio en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), cree que aún falta un esfuerzo adicional para mejorar la profesión. “Más que un examen de Estado, lo que se requiere es una revisión de los programas (…) Se debe recuperar la esencia humanista del derecho”.

Las sanciones éticas contra los abogados, en su gran mayoría se basan en una preparación deficiente de los abogados. Así lo sostiene Ana María Reyes Toledo, coordinadora del semillero académico de Gómez-Pinzón, quien considera que “es responsabilidad del Estado garantizar que los abogados sean profesionales aptos”.

La implementación de este nuevo examen de Estado es uno de los pasos iniciales que tomaron las autoridades para perfeccionar el ejercicio laboral de la carrera de abogado. Cada vez surge la opinión en el sector académico que se deben implementar mayores exigencias en el segundo país de América Latina con la mayor tasa de abogados en ejercicio.

Antecedentes

La Corte Constitucional ratificó la Ley 1905 del 2018, con la que se busca implementar un examen de Estado de obligatorio cumplimiento para los nuevos estudiantes de derecho. Con esta medida, el máximo órgano constitucional aprobó los argumentos de la Procuraduría sobre la necesidad de aumentar los requisitos para los litigantes en el país. Según las disposiciones de la norma, el primer examen se llevará a cabo dentro de los próximos tres años con los nuevos estudiantes.

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