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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co jueves, 24 de septiembre de 2020

Ante los rumores de un fallo adverso, las compañías piden ser reconocidas como terceros de buena fe en proceso por acción popular

Ante los rumores que vienen advirtiendo, hace cerca de dos meses, la inminencia de un fallo del Consejo de Estado sobre la Zona Franca de Occidente, más de la mitad de las empresas presentes allí solicitaron al alto tribunal ser tenidas en cuenta en el proceso para poner de presente los efectos que una decisión contraria tendría en su sostenibilidad.

Cabe recordar que la decisión en mención tiene que ver con el estudio que el Consejo de Estado debe hacer de un fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en 2011, negó una acción popular que alegaba que en la adjudicación y creación de la Zona Franca de Occidente se habían presentado irregularidades con el fin de favorecer a los hijos del expresidente Uribe, que tenían participación en el proyecto.

Considerando que varios medios de comunicación han indicado que el fallo del Consejo de Estado iría en la línea de declarar la nulidad o suspensión del acto que permitió la creación de la Zona Franca de Occidente, varias de las empresas presentes en el parque otorgaron poder a la abogada Marcela Monroy, que radicó más de 40 memoriales en los que pide que sus representados sean considerados en el proceso como terceros de buena fe.

“Con este procedimiento, buscamos que se tengan en cuenta los derechos de estas empresas, dado que consideramos inentendible que sus intereses no se hayan escuchado en el marco del proceso se tramita en la sala plena del Consejo de Estado; siendo que ellas serían las principales afectadas frente a la eventualidad de un fallo resulte adverso a los intereses de la Zona Franca de Occidente; estamos hablando de miles de dólares y de empleos que estarían en riesgo y consideramos que la decisión no se puede llevar por delante el monumental esfuerzo empresarial de decenas de inversionistas nacionales y extranjeros hacen en nuestro país”, anotó Monroy.

Según cálculos del parque, un fallo en el sentido que han indicado los rumores tendría un impacto negativo para más de 40 empresas, más de 7.000 empleos y afectaría los cerca de $163.000 millones invertidos en esa zona franca.

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