Gráfico LR
martes, 5 de marzo de 2024
Los resultados se conocieron por medio del informe anual de los eventos ocurridos durante 2023 en todas las regiones del país
A través del Observatorio de Conflictividad Social, la Defensoría del Pueblo dio a conocer el informe anual de los eventos que ocurrieron el año pasado en todas las regiones del país. Entre enero y diciembre de 2023 se registraron 2.046 manifestaciones de conflicitividad social en 446 municipios de 31 departamentos del país, 13% de estos fueron en Bogotá. Comparándolo con el 2022 hubo un aumento de 43%, ya que en ese año se registraron 1.427 eventos.
El bloqueo de vías (38%) fue el mecanismo más usado por los ciudadanos para expresar su molestia por las acciones u omisiones del Estado o de particulares. Esta media fue seguida por los plantones (33%), marchas (11%), disturbios (6%), paros - ceses de actividades (5%) y toma de instalaciones (3%). Las acciones que tuvieron un mayor aumento, respecto a 2022, fueron toma de instalaciones, con un 94%, cese de actividades con un 62%, igual aumento que en el caso de bloqueos de vías. Por último, los plantones y concentraciones aumentaron en un 31%.
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Los departamentos donde se presentaron el mayor número de conflictos sociales fueron Bolívar (7%), Antioquia (6%), Santander (6%), Magdalena (6%), Atlántico (5%), La Guajira (5%) y Valle del Cauca (5%). "El Gobierno Nacional debe fortalecer la articulación interinstitucional para que sean propiciados oportunamente espacios de diálogo con las comunidades que manifiestan sus problemáticas e insatisfacción de derechos humanos", señaló la Defensoría.
En cuanto a los tipos de conflictos identificados en mayor medida por el Observatorio se encuentran los asociados a conflictos laborales (18%), a la garantía del derecho a la educación (12%), inversión o presencia estatal (11%), conflictos políticos relacionados con la elección de alcaldes y gobernadores (11%), prestación de servicios públicos (10%), derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad (9%), políticas de transporte (9%), propiedad de la tierra o vivienda (5%) y conflictos ambientales (5%).
"Así mismo, se observó un aumento considerable en relación con los eventos de protestas, disturbios y asonadas ocurridos antes, durante y después del proceso electoral. A ello se suman las protestas en contra de las políticas de transporte y de sectores productivos, principalmente el agropecuario", indicó el ente.
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De acuerdo al papel de la entidad como mediadora, Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, manifestó, "tanto nuestra Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social como nuestras Defensorías Regionales promovieron 244 espacios de diálogo entre las distintas partes, en los que también participamos como garantes de derechos".
Estos espacios de diálogo aumentaron 69% respecto a 2022, donde fueron instaladas 144 mesas de diálogo.
"Las instituciones gubernamentales y los sectores empresariales deben propender por el fortalecimiento del diálogo genuino y constructivo para atender la creciente conflictividad social en el país. Además, atender de manera efectiva las demandas ciudadanas, brindar respuesta efectiva a las inconformidades sociales y cumplir con los acuerdos que suscriban", concluyó el Defensor del Pueblo.
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