• José David Castilla

lunes, 11 de febrero de 2019

PHR espera aprovechar el auge de 2019 para terminar proyectos que se detuvieron el año pasado

Las firmas de abogados son uno de los principales termómetros sobre la confianza inversionista en el país. Frente a los últimos escenarios de incertidumbre jurídica, AL habló con Daniel Posse, socio fundador de Posse Herrera Ruiz, quien espera que el Gobierno logre mejorar sus estándares de seguridad jurídica para consolidar la inversión extranjera.

Bajo su criterio, ¿la cuestión de la inseguridad jurídica cuánto le puede costar al país en temas empresariales?
Es un tema muy difícil de medir porque tiene que ver con decisiones de inversión y con actividades que eventualmente nunca se van a realizar. Lo que le puedo confirmar es que en los análisis previos que hace cualquier inversionista, uno de los factores fundamentales de análisis es la seguridad jurídica de la inversión y de los modelos financieros de esa inversión.

¿Cómo es este análisis?
Cuando un inversionista analiza los índices de rentabilidad mínimos para tomar una decisión de inversión hay unos intangibles difíciles de medir, pero que se tienen que medir, y estos se relacionan con la percepción de qué tan cierto es ese modelo de inversión a lo largo del tiempo. Si yo tengo un modelo con una carga de inversión definida, los inversionistas esperan que esas tasas tributarias no se las cambien. Bien sea mediante un proyecto de ley, o una sentencia o una decisión de la Dian. Lo primero que piden los inversionistas es que el país mejore sustancialmente en seguridad jurídica. El reto no es tener muchas regulaciones, sino que se mantengan en el tiempo.

¿Cuáles han sido las falencias de los jueces y de la rama judicial?
Pienso que está bien que los jueces hagan derecho, de hecho, el derecho se alimenta de las decisiones judiciales. Pero la dificultad ocurre cuando esa facultad de la función judicial se desborda y el juez empieza a sentir que no tiene límites y que puede fallar cada caso de acuerdo a su propio criterio. La confiabilidad del país es un elemento determinante en muchas decisiones de inversión y por eso necesitamos un sistema estable.

¿Dónde radica el problema?, ¿Falta una reforma judicial?
Una reforma judicial… yo creo que no. Pienso que es un tema para hacer campañas de concienciación desde las altas cortes hacia abajo, para que se defina esa función creadora que tienen los jueces. Por decirlo así: hay que pintar la cancha.

¿Este tema le ha quitado atractivo al país frente al apetito inversionista?
Eso depende del sector. He visto empresarios que han sufrido golpes muy duros por este aspecto, y que incluso los han llevado a irse del país. Si uno habla con esos empresarios puede imaginarse que es un aspecto muy preocupante. A mí me ha ocurrido, en el mundo del litigio uno persigue al empresario con la dificultad y al final les he preguntado si volverían a invertir en Colombia y ellos manifiestan, generalmente, que no, a menos que la rentabilidad sea muy alta. El costo está en la tasa de retorno que esperan los inversionistas. Pero debemos ser conscientes de que Colombia, dentro del concepto de integración económica global, ya adquirió ciertos compromisos que limitan la facultad del Estado.

¿Esto puede cambiar con la consolidación del ingreso del país a la Ocde?
Justamente lo que esperamos es que se genere una regulación de altos estándares y que se mantenga y ofrezca seguridad. Lo que dinamiza la inversión de una manera estructural es que seamos percibidos como un país serio, que respeta las reglas de juego y que aplica el derecho de manera consistente. Y debemos mejorar en este campo, porque los niveles son, en percepción de los inversionistas, muy cuestionables.

¿Cuáles son los puntos esenciales que tienen en el radar en este momento?
Vemos una recuperación en la dinámica de M&A, y sé que esta va a ser un área muy movida. También vemos movimiento en energías renovables e infraestructura.