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Andrea Mancera Rojas - amancera@larepublica.com.co lunes, 26 de noviembre de 2012

La Procuraduría General de la Nación suspendió por cinco meses del ejercicio de su cargo a Carlos Arturo Feho Moncada, en su calidad de gerente general de la Industria Licorera de Caldas (ILC) por las irregularidades presentadas en el contrato 018 de 2008 celebrado para la construcción de la sala de espera en las bodegas del Sacatín, que se encontraba en arrendamiento a la Dirección Territorial de Salud.

Dentro de esta determinación disciplinaria también fueron sancionados los señores Álvaro Montoya Salazar, en su condición de gerente administrativo de la ILC, con cinco meses de suspensión; Héctor Jairo Aguirre Vargas, en su calidad de Jefe de la oficina de Bienes y Servicios de la Licorera y Marco Aurelio Ramírez López, jefe de Compras y Contratación de la ILC, con suspensión de seis meses del ejercicio de su cargo.

De acuerdo con la investigación, los estudios de conveniencia y oportunidad elaborados previamente para la suscripción del contrato suscrito para la construcción y adecuación de la sala de recibo en la bodega del Sacatín arrendada a la Dirección Territorial de Salud, no cumplieron con los requisitos necesarios para garantizar que el contrato  de obra se celebrara y ejecutara correctamente.

Por lo anterior, el Ministerio Público concluyó que  el entonces gerente omitió su deber de vigilar, controlar y exigir el cumplimiento de los principios de la contratación establecidos en el estatuto interno de contratación de la Industria Licorera de Caldas.

Se estableció además que el señor Aguirre Vargas, jefe de la oficina de Bienes de la Licorera de Caldas para ese momento, no elaboró con el debido cuidado los estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes y que desconocía las características de la obra, lo que generó que una vez adelantada esta se tuviera que suspender el contrato ante la necesidad de ejecutar obras no previstas y en consecuencia elaborar nuevos diseños.

De acuerdo con la investigación, el señor Montoya Salazar, gerente administrativo de  la ICL para la época de los hechos, modificó los requisitos de experiencia técnica mínima exigida a los oferentes para participar en el proceso contractual para la construcción de la sala de espera, violando lo establecido en los estudios de conveniencia y oportunidad y, adelantó el procedimiento de invitación pública para participar en este proceso contractual, función que no estaba contemplada dentro de su cargo.

Por último, se le endilgó responsabilidad disciplinaria al entonces jefe de Compras y Contratación de la Industria Licorera de Caldas, Marco Aurelio Ramírez, por cuanto en ejercicio de este cargo no auditó en debida forma los estudios previos que elaboró la Oficina de Bienes y Servicios que servían de soporte al contrato de obra ya mencionado.

Adicionalmente, la Procuraduría estableció que este servidor dio su visto bueno a la invitación contractual suscrita por el gerente administrativo de la ILC, Montoya Salazar, en la cual se modificaron los requisitos mínimos de experiencia exigidos a los oferentes. 

Contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación.

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