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Ana Bedoya Jimenez miércoles, 10 de julio de 2013

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, anunció que nombrará a un funcionario de esa entidad para que investigue a los 11 concejales que votaron afirmativamente la fusión de Une con la multinacional Millicom.

Dicho anuncio fue hecho por Heber de Jesús Ríos, presidente del Sindicato de Empleados de Empresas Públicas de Medellín y Une, Sintraemdes, tras una reunión que una comisión de esa organización sindical sostuvo el pasado martes con el jefe del Ministerio Público.

Según Ríos, Ordóñez asumió el compromiso de nombrar a un procurador especial que será el encargado de investigar las actuaciones irregulares en que puedan haber incurrido algunos miembros del Concejo de Medellín. En particular se trataría de los concejales, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Carlos Alberto Bayer Cano, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Uribe, Jaime Roberto Cuartas, Rober Bohórquez, Fabio Humberto Rivera, Carlos Mario Mejía, Álvaro Munera, Nicolás Albeiro Echeverry y Yefferson Miranda.

El lider sindical explicó que para los miembros de esa organización existen dudas sobre algunos aspectos del proceso de aprobación de la fusión: “Creemos que algunos de ellos estaban inhabilitados, además, no entendemos cómo se tramitaron las recusaciones el día del debate ni la forma como se incluyeron los cambios al proyecto que presentó el Alcalde”, dijo el Presidente del sindicato.

Ante ese anuncio, la concejal Aura Marleny Arcila, coordinadora ponente del proyecto de fusión, indicó que hasta el momento no ha sido notificada por la Procuraduría sobre el inicio de la investigación.

Dijo, sin embargo, que no tiene dudas sobre la legalidad de las actuaciones de la corporación: “Tengo toda la tranquilidad porque actuamos con convicción, responsabilidad y con el estudio y el análisis necesario. Si nos llega una investigación atenderemos las inquietudes de la Procuraduría”.Agregó que el proyecto pasó sin objeciones el examen de rigor que adelanta la oficina jurídica de la Gobernación de Antioquia sobre la legalidad de los acuerdos municipales: “Ya pasó esa prueba, creo que nosotros actuamos dentro de un marco legal y persiguiendo el interés general”, dijo Arcila.

Por otra parte, el presidente del Sindicato de EPM explicó que puso en conocimiento del Procurador las dificultades de seguridad que afrontan los miembros de esa organización, pues desde el 4 de diciembre de 2012 la Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró sus esquemas de seguridad y en lo corrido de este año se han registrado varias amenazas. “Las denuncias ya están puestas, incluso a nivel internacional con la OIT”.

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