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Lilian Mariño Espinosa - lmarino@larepublica.com.co Martes, 2 de febrero de 2016

De igual manera, y aprovechando la presencia de representantes de las entidades de control en la reunión, pidió  la mayor contundencia en las investigaciones sobre este tema, que por las magnitudes “no tiene justificación alguna”. 

Siendo así, se espera que haya celeridad en las investigaciones que pueden terminar en “procesos de responsabilidad fiscal, tanto para los miembros de la junta directiva, como para los directivos que hayan tenido una incidencia directa o indirecta en los sobre costos, indistintamente del momento en que hayan dirigido el proyecto”, explicó al abogado experto en contratación pública, David Llinás Alfaro. Quien agregó, que como la operación de Reficar es tan grande, podrían ser muchos los investigados (tanto de Ecopetrol como de la Refinería). 

Ahora, frente a la eficiencia en la diligencia, “no es posible anticipar cuánto tiempo puede durar la investigación, pero podrían ser años los que tengan que pasar para declarar responsabilidades”, dijo Llinás.

Por otra parte, el partido del hoy senador Álvaro Uribe Vélez, respondió a las acusaciones de Santos, y además de señalar que “los funcionarios del Gobierno Uribe estarán dispuestos a dar todas las explicaciones de rigor sobre el proyecto”, intentarán probar en el debate del Senado que los sobre costos ocurrieron en la actual administración que duró “5,5 años manejando lenta construcción de Reficar”, señaló el senador del Centro Democrático Ernesto Macías Tovar.

Finalmente, y frente a las responsabilidades y el trabajo de los mismos órganos de control y vigilancia,  a pesar de que hay que considerar el tamaño de la operación, que no hace fácil el trabajo de auditarlo, “no quiere decir que la Contraloría no se haya demorado en dar inicio a las investigaciones, dados los evidentes retrasos en la modernización, y porque de todas formas se suscribieron desde entonces más de 1.800 contratos, cada uno con plazos diferentes, y también se ejecutaron un sinfín de procesos administrativos, que bien pudieron ser objeto de control”, explicó Llinás. 

Siendo así, el abogado advirtió que se debe analizar la negligencia o diligencia de ese organismo, que depende de si ha iniciado, dentro del término legal, los respectivos procesos, ya que la acción de responsabilidad fiscal caduca si transcurridos cinco años después del hecho que causa el daño al patrimonio público, la Contraloría no ha abierto los respectivos procesos.

Las opiniones

Ernesto Macías Tovar
Senador del centro democrático

“Después de que la administración actual duró 5,5 años manejando la lenta construcción y sobrecostos de Reficar, Santos con cinismo pretende culpar al Gobierno Uribe”.

David Llinás 
Experto en contratación pública

“De resultar probadas las estimaciones de la Contraloría en su auditoría, vendrían procesos de responsabilidad fiscal para los miembros de la junta y para directivos que tengan una incidencia directa o indirecta”.

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