• Carlos Jaramillo Palacio

lunes, 6 de mayo de 2024

El Defensor del Pueblo se refirió desde el Magadalena, donde se realizó el XIII Congreso Nacional de Contralores Territoriales

En las últimas horas, y desde la capital del departamento del Magdalena, ciudad en la que se desarrolló el XIII Congreso Nacional de Contralores Territoriales, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, remarcó cómo las variadas formas de corruptela en el territorio colombiano afectan a la sociedad en su conjunto y en muchos casos no han permitido el avance que como nación se necesita.

“La corrupción conlleva efectos negativos que no se limitan únicamente a la pérdida de recursos públicos, afecta a la población en general en su diario vivir. Los antecedentes en nuestro país dan cuenta de que el fenómeno vulnera sus derechos humanos, merma la confianza en las instituciones gubernamentales y tiende a perpetuar las actividades criminales”, manifestó en su intervención sobre este tema Carlos Camargo Assis.

Agregó el Defensor que el compromiso para hacerle frente a la problemática enquistada desde hace décadas es del Estado y de las y los ciudadanos, entendido como un trabajo armonioso en binomio entre todos los actores para que se pueda cumplir el fin tan anhelado por todos, además de la regulación que deben tener todas las instituciones.

“El enfoque de la lucha contra la corrupción debe dar un giro de 180 grados, teniendo como punto base una estrategia integral. Esta estrategia debe ser complementada con mecanismos de coordinación que involucren a varios actores, no solo a los entes de inspección y vigilancia y las superintendencias, también es primordial incluir a toda la ciudadanía”.

A partir de ello y con base en estos principios, recalcó el Defensor del Pueblo, la observancia y actuaciones del Estado y la sociedad deben apuntarles a todo lo concerniente a la influencia de los intereses corporativos, la configuración de los acuerdos entre los actores público-privados, lo relacionado con el cabildeo, las determinaciones de los gobernantes en todos sus niveles y a mirar y seguir detenidamente la gestión de conflictos de intereses que se presentan.

“Combatir la corrupción demanda una acción concertada, desde quienes forman parte del Legislativo hasta el colombiano de a pie, puesto que cada uno juega un rol crucial en la construcción de un país más justo, equitativo, transparente, íntegro y próspero. Y si hay juego limpio, la paz también comienza a moldearse”, subrayó Camargo Assis.

Durante su intervención en el Congreso Nacional, el Defensor del Pueblo resaltó, además y como punto muy importante a tener en cuenta, la función de los contralores territoriales, ya que, según sus argumentos expuestos, al constituirse en guardianes de la legalidad y la transparencia, su labor es determinante para garantizar que los recursos públicos sean administrados eficiente y responsablemente.

De igual modo, enfatizó en que su participación activa en los procesos de control y vigilancia representa un respaldo clave en el empoderamiento de las y los ciudadanos en la defensa de sus derechos y en el aporte a la Colombia ecuánime que todos anhelan. Y es que el año pasado, Colombia se ubicó en el puesto número 87 del Índice de Percepción de Corrupción, IPC, con 40 puntos sobre 100, entre 180 países evaluados. Es así como escaló cuatro posiciones frente a la última medición, pero no presenta una mejora.

Antecedentes

Una de las mayores dificultades a los que podría enfrentarse el sector público como el privado es la corrupción. Su medición resulta compleja, incluso la Dian y el Ministerio de Hacienda han estimado que ese fenómeno le cuesta a Colombia entre $40 y $80 billones por año, dejando un hueco enorme en las finanzas del Estado. A los territorios se les da un puntaje de cero a 100 acorde con factores como corrupción, ausencia de discriminación, impunidad y acceso a la justicia.