Enfrentamiento entre la auditora y la contralora por presunto detrimento patrimonial

La formulación de cargos surge luego del proceso de auditoría por el traslado de sede de la Contraloría en donde, de acuerdo con la auditora General, Laura Marulanda, la Contralora Morelli “violó en todas partes el principio de planeación y transparencia”.

El proceso deriva del cambio de sede de la Contraloría que estaba ubicado en el centro de Bogotá, a la zona del Salitre en el centro comercial Gran Estación y en donde actualmente el órgano de control paga de arrendamiento $2.600 millones mensuales.

Luego de que se conociera el pronunciamiento de la Auditora, Morelli salió en su defensa y afirmó que el proceso responde a una “persecución” de la Fiscalía General de la Nación.

“No me sorprende de ninguna manera. Es una persecución de la Auditoría y la Fiscalía que quieren demostrar a como dé lugar que la Contraloría es una entidad corrupta”, aseveró Morelli.

La Contralora se mostró tranquila, pues afirma que el proceso probatoriamente “no podría progresar”.

Por su parte, la Auditora Laura Marulanda, afirmó que ya se está adelantando una investigación de los bienes de Morelli, para eventualmente proceder con el embargo.

Ante la posibilidad de que sus bienes le sean embargados la Contralora dijo que no teme por esto y afirmó que si el detrimento fuera el dicho por la Auditora, su patrimonio no le alcanzaría para reparar el hueco fiscal.

La Auditoría compulsó copia de la investigación a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General, ante lo cual Morelli solo atinó a afirmar: “Lo que sí me gustaría es que no exista esa sincronía tan sospechosa entre la Fiscalía y la Auditora”.

La Contralora Morelli está citada para el próximo 30 de julio a descargos ante la Auditoría.

Se suma otro proceso
La Auditora General, Laura Marulanda, anunció también que formuló cargos por otro presunto detrimento patrimonial en el que habría incurrido Morelli. De acuerdo con Marulanda, la Contralora estaría suministrando combustible a su vehículo personal con dineros públicos.

Ante esto la Contralora afirmó que el Estado tiene el deber de proveerle el mantenimiento y gasolina a su vehículo y los de su núcleo familiar, por lo que no consideró que estuviera incurriendo en algún detrimento.