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jueves, 20 de agosto de 2020

La Contraloría General de la República estimó que, a 2030, serán necesarios más de $357,4 billones para ejecutar medidas de reparación

En una rueda de prensa conjunta, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas alertaron sobre incumplimientos en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos, especialmente en lo relacionado con su financiación.

Las comisiones de seguimiento advirtieron que es posible que, por cuenta del covid-19, un alto porcentaje de las 1.813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones de vida en 2019 vean afectada su situación socioeconómica, e incluso recaigan en la condición de pobreza o pobreza extrema. Además, señalaron que cabe la posibilidad que la pandemia genere en las comunidad étnicas un "etnocidio", por lo que urgieron al gobierno para presentar medidas especiales para evitarlo. Los entes de control, además, cuestionaron la ineficiencia de las medidas implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) para atender las demandas de las víctimas durante la emergencia.

Las entidades, adicionalmente, cuestionaron que el Gobierno Nacional no ha presentado una proyección de los recursos que se requieren para garantizar los derechos de las víctimas ni un Conpes para la implementación de los decretos leyes étnicos contemplados en el Acuerdo de Paz.

En cifras, los entes de control señalaron que los $118 billones que ha destinado el Gobierno Nacional entre 2012 y 2020 para atender a las más de 9 millones de víctimas han sido insuficientes. Además, la Contraloría estimó que, a 2030, serán necesarios "más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y salud - SGP ($197,3 billones), entre otros".

Las entidades también advirtieron que, en materia de restitución de tierras, prácticamente no hay avances, y resaltaron que entre 2018 y 2019 "no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda. En los casos de víctimas de pueblos étnicos solo se han expedido 18 sentencias en nueve años, y de 1.292 órdenes judiciales únicamente se han hecho efectivas 11,4%".

A manera de recapitulación, las instituciones recordaron que a la fecha han sido indemnizadas 879.821 víctimas, que representan 13% de los 7,2 millones sujetos de reparación. "A este ritmo se necesitan más 50 años para indemnizar al universo de víctimas sujetos de reparación. Entre el 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95.127 indemnizaciones. Sin embargo, existe un rezago de 1,3 millones de solicitudes, frente a las cuales no se han asignado citas para iniciar trámite de documentación".

Frente a la reparación colectiva, señalaron que solo 156 de los 755 Sujetos de Reparación Colectiva tienen un Plan Integral de Reparación, y de esos solo 2% registran conclusión en la implementación.

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