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guillermo cáez gómez lunes, 18 de febrero de 2013

Teniendo en cuenta la multiplicidad de posturas personales se hace necesario entender cuáles son los fundamentos jurídicos para que en otras palabras el periodo del Doctor Montealegre no termine en el 2013, sino en el 2016.

Lo primero que debe estudiarse es el fundamento mayor, es decir la Constitución, la cual en el artículo 249 establece palabras más palabras menos, que el Fiscal General de la Nación será elegido por un periodo de cuatro años por la H. Corte Suprema de Justicia y que la Fiscalía General forma parte de la rama judicial; en ese orden de ideas tenemos que la norma de superior jerarquía en Colombia no estableció si el periodo era personal o institucional. Por lo anterior es que tanto el Consejo de Estado, (Sentencia del 30/12/95, Radicado No. S-553) como la Corte Constitucional, (Sentencia C-011/94) han tenido que referirse a la característica del periodo para ejercer el cargo de Fiscal General; en los mencionados precedentes concluyeron que el mismo es de cuatro años contados a partir de la fecha de posesión, por lo que se concluye sin lugar a equívocos que el cumplimiento del periodo es personal y no institucional como se afirma en una de las demandas de nulidad a la elección. Ahora bien, hay quienes han argumentado que el Acto Legislativo 1 de 2003 estableció la institucionalidad del periodo del Fiscal General de la Nación, fundamentos que a mi criterio son errados toda vez que dicha adición a la Constitución es de temas eminentemente políticos, tal como lo indica el propio título del acto (Una reforma política constitucional), y no se podrá en ningún caso cambiar el espíritu del legislador vía judicial, sin mencionar que el referido Acto Legislativo en ningún momento cambia, modifica o sustituye el artículo 249 Constitucional, dejando incólume su contenido e interpretación. Prueba fehaciente que el espíritu del legislador en su momento era hacer una reforma política es la constancia del informe del primer debate en que se indicó lo siguiente: “Articulo 8. Proyecto 01 propone adicionar el artículo 125 de la Carta para establecer que los periodos para los altor cargos del Estado en la Constitución serán institucionales. La comisión de ponentes acoge la propuesta, pues considera que los periodos personales han producido desorden al interior de las instituciones y, además han recargado innecesariamente el trabajo de la Registraduria Nacional”. Dicha reforma entonces no debe interpretarse erróneamente y debe ponerse en el contexto real y adecuado, ya que al referirse la comisión de ponentes a la recarga innecesaria a la Registraduria en el desorden en los periodos, lo hace refiriéndose a las jornadas electorales atípicas en los cargos de elección popular, por lo que no puede hacerse analogía de ninguna clase en este aspecto. Otro de los fundamentos de los opositores del carácter personal del periodo del Fiscal General es la Ley 938 de 2004, la cual establece en su artículo 9 que el Fiscal General de la Nación es elegido para un periodo institucional de cuatro años; argumento que es fácilmente derrotado por ser su texto contrario a la constitución, más específicamente al referido artículo 249 de la misma, por lo que tal como lo establece nuestra carta magna la constitución es norma de normas, y cualquier incompatibilidad entre ella y una disposición de menor rango, debe ser resuelta sobre la base de lo reglado en la constitución. Es entonces, cuando sin lugar a dudas o interpretaciones se llega a la conclusión que el periodo del Fiscal en todos los casos hoy por hoy es personal, es decir que se cuentan los cuatro años desde su posesión.
 
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