• Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co

sábado, 6 de marzo de 2021

Alejandro Mejía, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados, habló con Asuntos Legales para resolver siete preguntas sobre el proceso

Luego de un proceso de más de tres años contra el expresidente Álvaro Uribe, sindicado de manipulación de testigos y fraude procesal, ayer la Fiscalía General de la Nación, anunció a través del fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, que se tomó la decisión de precluir el caso contra Uribe.
Para entender qué es lo que sigue en el caso del expresidente a partir de esta preclusión, Asuntos Legales consultó con Alejandro Mejía, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados, para resolver siete preguntas sobre el proceso.

¿La solicitud de preclusión significa que Uribe es inocente?

La preclusión significa que la Fiscalía llegó a la conclusión de que no tiene elementos materiales probatorios ni evidencia física que establezca un grado de responsabilidad de Álvaro Uribe en el delito que se le imputó. Aún es necesario que el juez de conocimiento le admita la pretensión de preclusión al fiscal. En ese caso, se mantendría el estatus de procesado a Álvaro Uribe; sin embargo, él está en libertad y la decisión no tiene ningún impacto sobre su situación actual, porque, además, está amparado por la presunción de inocencia.

¿Cuántos días puede tardar la audiencia para la preclusión?

La solicitud de audiencia se da a través del Centro de Servicios Judiciales y, dependiendo de las congestiones de los despachos, se debe asignar entre cinco o seis semanas. Sin embargo, como se trata de un caso de connotación pública seguramente habrá mayor velocidad para establecer la audiencia.

¿En qué consisten esas audiencias de preclusión?

El ente que lo solicita, en este caso la Fiscalía, una vez instalada la audiencia, deberá exponer las razones por las cuales considera que la preclusión debe ser considerada por la autoridad judicial. Además, debe exponer los elementos materiales probatorios con los que está defendiendo la pretensión y el juez deberá transferir el material a la víctima que tiene intereses en que no se acepte la solicitud. La información también deberá ser remitida al Ministerio Público para que haga su intervención y, finalmente, a la defensa del expresidente Uribe. Esto último, con el fin de que se conozcan las razones de la Fiscalía para hacer la solicitud. Después, luego de oír a todas las partes, el juez debe emitir una decisión en ese sentido, la cual es apelable.

¿Qué sucede si los demandantes como Iván Cepeda apelan la decisión?

Las víctimas tienen un interés jurídico y están en su derecho a ejercerlo. Si no están conformes con la decisión, pueden apelarla y, en ese sentido, la decisión será adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

¿Cuáles serían los dos escenarios en los casos en que se acepte y no se acepte la preclusión?

Si la preclusión es concedida por el juez, todavía falta esperar el fallo del tribunal para la decisión final. Realmente no va a haber mayores cambios al estatus del expresidente. Esto va a tardar, probablemente, entre seis y ocho meses para que se decida definitivamente la solicitud de preclusión. La última palabra la tiene el Tribunal. Ahora, si la Fiscalía eleva la pretensión de preclusión y el juez de conocimiento no la encuentra razonable, pasará que la apelación cambiará y quedará en manos de la Fiscalía y la defensa de Álvaro Uribe. Las víctimas, en este caso hipotético, apoyarán la decisión del juez.

¿Qué sucede con los personajes vinculados al caso como Juan Guillermo Monsalve y Diego Cadena con la preclusión?

Todo depende. La Fiscalía no ha manifestado cuáles son sus calificativos sobre la credibilidad a los testigos involucrados al proceso. Dependiendo de los juicios de valor, el fiscal tendrá la autonomía de compulsar copia de algunos de ellos por haber incurrido en el delito de falso testimonio mientras se adelantaba el proceso penal.

¿El caso podría volver a al proceso de recolección de pruebas y reiniciarse?

Sí, en efecto, existe la probabilidad de que este caso pueda pasar. Si la Fiscalía eleva la solicitud de preclusión y el juez de conocimiento no la encuentra razonada, el ente acusador tendría que proceder con la acción penal. No obstante, es una decisión difícil de ejercer porque si el fiscal afirmó que no tiene interés y no encontró los motivos para poder llevar el caso a juicio, es difícil que pueda continuar el proceso. En ese sentido habría una anomalía.

Durante las últimas horas se conoció que el caso será llevado por el juez 28 de conocimiento, quien deberá convocar a audiencia pública para seguir con la solicitud de preclusión.