Estos fueron los resultados de la primera consulta popular que fue realizada en 2018

La virtual hundimiento de la reforma laboral en el Senado por parte de la Comisión Séptima generó que el presidente Gustavo Petro anunciara la convocatoria de una consulta popular para que los ciudadanos colombianos decidan sobre esta reforma y la de salud.

La consulta popular fue establecida la Constitución de 1991 y fue utilizada por primera vez en el país hace siete años. El 26 de agosto de 2018, Colombia llevó a cabo la llamada "consulta anticorrupción".

Esta iniciativa fue promovida por líderes políticos, entre ellos la entonces senadora Claudia López del Partido Alianza Verde, junto con organizaciones civiles y sociales. Posteriormente, recibió el respaldo de partidos como el Polo Democrático, Colombia Humana, Decentes, Liberal, Conservador y Cambio Radical.

En julio de 2017, Antonio Sanguino, actual ministro de Trabajo, junto con Claudia López, Angélica Lozano y Antonio Navarro, entregaron a la Registraduría cerca de 150 cajas con 4,31 millones de firmas para respaldar la consulta anticorrupción. La entidad tuvo 45 días para verificar las firmas.

El 5 de junio de 2018, el Senado aprobó la realización de la consulta con 84 votos a favor y ninguno en contra, contando con el apoyo del Gobierno Nacional. La consulta incluyó siete preguntas dirigidas a combatir prácticas consideradas corruptas, como la reducción del salario de los congresistas, la prohibición de beneficios para condenados por corrupción y la obligación de rendir cuentas sobre la gestión de los funcionarios públicos.

Para que las propuestas fueran aprobadas, se requería la participación de al menos 12,23 millones de ciudadanos, equivalente a un tercio del censo electoral, y que cada pregunta obtuviera un mínimo de 6,13 millones de votos a favor. La consulta tuvo un costo aproximado de $310.479 millones.

El 26 de agosto de 2018, 11.674.951 colombianos participaron en la consulta. Aunque 99% de los votos fueron afirmativos, la consulta no alcanzó el umbral necesario para convertirse en un mandato vinculante, faltando menos de 500.000 votos para su aprobación.