jueves, 19 de diciembre de 2019
En los hallazgos, se encontró que 71 instituciones fueron abandonadas, lo que representa 1.527 aulas no terminadas y 41.000 estudiantes afectados.
La Contraloría abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal por $559.853 millones a 65 presuntos responsables, entre ellos dos exministras de Educación, así como a 40 contratistas de obra e interventoría y dos sociedades fiduciarias, por irregularidades relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura educativa.
En el proceso serán investigadas dos exministras, Gina Parody y Yaneth Giha Tovar. También el vicerrector de la Universidad de los Andes, Eduardo Behrentz y la codirectora del Banco de la República, Carolina Soto Losada.Todos fueron parte de la junta directiva del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie), entidad que tenía como objetivo construir 541 proyectos de infraestructura educativa en todo el país. De estos, 311 fueron investigados por el ente de control.
Por ejemplo, en los hallazgos, se encontró que 71 instituciones fueron abandonadas, lo que representa 1.527 aulas no terminadas y 41.000 estudiantes afectados. Esto tuvo un detrimento de $79.814 millones. Sin embargo, el rubro más alto, $270.309 millones, fue el mayor valor del metro cuadrado a lo pactado. En este sentido, se encontró que el costo final de 223 obras realizadas (de las 311 investigadas) fue mayor a las estimaciones propuestas.
De acuerdo con Federico Calderón, abogado penalista, ahora las ministras, personas y sociedades investigadas deberán aportar su versión libre de los hechos. Este proceso puede llegar a durar varios meses, pues son más de 100 implicados. Luego de esto, viene las audiencias, en las que se hacen unas solicitudes probatorias, es decir, se presentan testigos y pruebas. Después, el Contralor generará la sentencia. La investigación preliminar duró seis meses.
“Este tipo de procesos es demorado. Es igual que en el caso Hidroituango que informó recientemente el Contralor. Se debe escuchar a cada uno los implicados, pero en estos casos, si los medios ponen la lupa, se actúa de manera más rápida”, expresó Calderón.
La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido. En este sentido, si las exministras son declaradas culpables o los otros investigados, deberán pagar, de acuerdo con cada caso, una sanción monetaria.
Según el abogado penalista, Iván Cancino, para que haya responsabilidad fiscal tiene que haber tres elementos: una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; un daño patrimonial al Estado; y un nexo causal entre los dos elementos anteriores.
Según la Contraloría, con los $559.853 millones de este detrimento patrimonial se podría financiarse la construcción de 123 colegios “Tipo 10” de 24 aulas de clase cada uno, con su biblioteca, laboratorio de física y química, laboratorios de multimedia y bilingüismo, escenarios para presentaciones artísticas y zonas deportivas, que equivalen a 2.952 aulas para 118.080 estudiantes.
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