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  • David Jáuregui Sarmiento

lunes, 12 de febrero de 2018

La Fiscalía General acusó al exfuncionario de Medellín de los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad por omisión de denuncia

Por abuso de función pública, Gustavo Villegas, exsecretario de seguridad de Medellín, fue condenado a 36 meses de prisión domiciliaria, después de que el exsecretario llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General, según información de Caracol Radio.

Vale la pena recordar que el pasado 28 de septiembre de 2017, La Fiscalía General de la Nación acusó a Villegas Restrepo de los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad por omisión de denuncia. En el juicio, la entidad acusadora se apoyó en más de 70 elementos materiales probatorios, entre los cuales se destacaron interceptaciones telefónicas, interrogatorios de indiciados, videos y declaraciones juramentadas.

Hasta el momento, Villegas Restrepo se encuentraba recluido en la cárcel de Yarumito, en Itagüí, Antioquia, desde el 11 de julio de 2017. Esa decha, por orden de un juez con funciones de control de garantías, el exfuncionario fue cobijado con una medida de aseguramiento por sus presuntos nexos con “La Oficina”.

El fiscal del caso sostuvo en ese momento que Villegas no combatió a “La Oficina” como era su deber, sino que la habría favoreció. En boletín del 11 de julio de 2017, la Fiscalía aseguró que el ex secretario de Seguridad le habría informado a Perdomo de operativos que iban a realizar en zonas de influencia de “La Oficina”. Así mismo, reveló la investigación, la entrega voluntaria de varios cabecillas de la banda criminal Odín La Terraza pudo efectuarse con influencia del exsecretario de seguridad de Medellín, con el objetivo de mostrar la supuesta presión de la justicia sobre los delincuentes afincados en la capital Antioqueña.

De la misma forma, según información pública de la Fiscalía, el ex secretario de Seguridad, a quien sus contactos presuntamente se referían como alias “el Ingeniero”, habría impulsado un supuesto acuerdo de voluntades con el fin de promover el sometimiento a la justicia de algunos integrantes y cabecillas de la reconocida estructura delincuencial, convenios que se habrían realizado fuera del marco de la ley.

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