• Andrés Quintero Vega

viernes, 13 de enero de 2017

"La Fiscalía tiene evidencia de que el señor García exigió el pago de US$6,5 millones para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación del Tramo Dos de la Ruta del Sol, excluyendo a otros competidores, para que le fuera otorgada la concesión, como en efecto ocurrió. Los pagos para la adjudicación del Tramo Dos de la Ruta del Sol fueron realizados por Odebrecht en Brasil, a través del Departamento de Operaciones Estructurales de esa empresa, que según las pruebas en poder de la Fiscalía era el mecanismo a través del cual esa firma hacía los pagos derivados de corrupción", aseguró mediante un comunicado la Fiscalía. 

Estos son los primeros resultados que se conocen sobre la investigación llevada a cabo por la Fiscalía desde hace tres semanas a raíz del acuerdo del 21 de diciembre de 2016, celebrado entre Odebrecht, la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza. En ese acuerdo la firma Odebrecht reconoció el pago de sobornos en 12 países para la obtención de contratos. “En el caso de Colombia, los pagos suman 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 también para asegurarse contratos de obra pública”, señaló el documento suscrito por los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Por otro lado el organismo judicial agregó que "la suma restante para completar los US$11,1 millones se utilizó para obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración"

Paralelo a esta decisión la Fiscalía sostuvo que "la investigación se encuentra en la fase inicial y que con base en el acervo probatorio acopiado y las pruebas decretadas, que se espera practicar en los próximos días, avanzará en ella hasta establecer la totalidad de terceros y servidores públicos que tienen responsabilidad en los hechos delictivos hallados". 

Por último el informe aseveró que "Odebrecht ha solicitado un principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de colaborar en el proceso y obtener inmunidades en el marco del sistema acusatorio. La Fiscalía, con arreglo a la ley, ha condicionado su concesión al pago de una reparación integral del daño causado a la administración pública de Colombia por estos hechos, estimado en la suma de $32.000 millones, cifra que ha sido aceptada".