¿Fabio Arias, presidente de la CUT, puede enfrentar la misma pena que Epa Colombia?

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que presentará una denuncia penal contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, por haber confesado públicamente que promovió los bloqueos a TransMilenio que se llevaron a cabo el pasado miércoles 28 de mayo, durante el primer día de paro citado por las centrales obreras.

Al finalizar la jornada, el presidente de la CUT dijo abiertamente que varios “compañeros” realizaron bloqueos al servicio de transporte y que aquello obedecía a la manera en como se iba a llevar a cabo el paro.

El mandatario local también sostuvo que no se trató de un hecho aislado, sino “una acción deliberada de quienes convocaron el paro, básicamente para afectar los derechos de la gente; personas que se desplazaban al trabajo, a la educación, a acceder a atención médica, básicamente para joder a la gente”.

Este hecho recuerda el caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, quien subió videos a redes sociales generando daños a infraestructura y activos de TransMilenio durante el Paro Nacional de 2019.

La influencer fue condenada como autora de tres delitos: daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, e instigación a delinquir con fines terroristas.

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¿Puede pasarle lo mismo a Arias? Las opiniones están divididas y depende del jurista al que se le pregunte. Alejandro Mejía, socio de Esguerra JHR, dijo que, “en el caso del presidente de la CUT, lo que se conoce hasta el momento es que él fue el principal convocante y agitador de los bloqueos en vías públicas, pero no se tiene ninguna evidencia conocida de que él haya dado instrucciones a los manifestantes para que vandalicen infraestructura y bienes del Estado”.

Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista, dijo que el caso de Barrera difiere significativamente del de Arias. “Él no ha sido, por ahora, denunciado por actos materiales de vandalismo, sino de haber promovido bloqueos al sistema de transporte. Para que se le imponga una pena similar, la Fiscalía tendría que demostrar que sus acciones constituyeron instigación a delinquir con fines terroristas, lo cual requiere probar que hubo una incitación directa a cometer delitos graves con la intención de generar terror o desestabilización”.

Agregó: “La jurisprudencia colombiana establece criterios estrictos para esta tipificación, por lo que aplicar la misma pena dependerá de las pruebas y circunstancias específicas del caso”.

Para Mejía, la discusión se centrará en los límites que tiene el derecho a la protesta y si es legítimo en ese ejercicio realizar bloqueos en las vías. “Es posible que el debate se extienda a si el presidente de la CUT debió prever que esas agitaciones pueden acarrear excesos y exigírsele una posición de garante que suponga tomar medidas adicionales para que las protestas por él convocadas no derivaran en vandalizaciones como fuentes de riesgos adicionales”.

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También dijo que, en los desmanes generados, hubo acciones desmedidas que amenazaron contra la vida de las personas cuando se lanzaron objetos contundentes o incendiarios contra buses de TransMilenio con pasajeros adentro, lo que podría dar pie a una figura que contempla el derecho penal que es la imputación objetiva,

Camilo Cuervo Díaz, laboralista de Holland & Knight, dijo que, independientemente de si cometió o no un delito, “el presidente de la CUT debería ser el primer interesado en velar por los derechos de los trabajadores y, paradójicamente, durante el paro, las personas más afectadas con estas movilizaciones y bloqueos fue la gente más humilde”.