Familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci demandó al Estado por $2.000 millones

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Un juzgado de Bogotá admitió una demanda de reparación que interpuso la familia de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado en Cartagena el 10 de mayo de 2022, contra el Estado colombiano y el Ministerio de Defensa, en la que pidió una indemnización con la suma de $2.000 millones.

En el documento, conocido por El Tiempo, la viuda de Pecci, Claudia Andrea Aguilera, su hijo, hermanos y sobrinos, reclamaron un pago de indemnización por los perjuicios morales, materiales e inmateriales y lucro cesante provocados por el homicidio del fiscal, que estuvo a manos de sicarios colombianos. A su vez, pidieron que la cadena hotelera Decameron, donde se hospedaba Pecci cuando lo asesinaron, reciba reparación por el mismo monto de dinero.

"En esta acción se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos, en este caso, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado. Dicha responsabilidad se solicita por los perjuicios ocasionados por el hecho dañino ocurrido el 10 de mayo de 2022: la muerte de Marcelo Daniel Pecci Albertini, atribuida a la inacción negligente de los sujetos de derecho público y privado", se lee en el documento.

En la acción, señalaron que, pese a que el tiempo establecido para hacer uso del mecanismo de reparación directa es de dos años, a partir del día siguiente al hecho causante, y este ya caducó, "debe tenerse en cuenta que dicho término puede suspenderse por la presentación de una solicitud de conciliación extrajudicial”. Precisamente, este recurso lo presentaron ante agentes de la Procuraduría Nacional el 10 de mayo de 2024 y, meses después, el 18 de julio, se expidieron las constancias de que las partes no llegaron a ningún acuerdo.

En vista de eso, trajeron a colación la legislación sobre reparación por daño antijurídico y, con base en ella, pidieron ser compensados por las presuntas omisiones y negligencias del Estado colombianos que pudieron haber contribuido al homicidio de Pecci.

Explicaron que "el hecho dañino recayó en la muerte violenta del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, lo que ocasionó una lesión definitiva al bien jurídico protegido en el artículo 11 de la Constitución Política: la vida. El daño tiene carácter personal cuando se comete sobre una persona, ya que el perjuicio a las personas o a su patrimonio es lo que hace responsable al Estado, y la persona que reclama el daño es quien lo sufrió directamente" y, con ello, los familiares del fiscal fueron afectados por la omisión de la administración pública, son víctimas indirectas de la muerte del fiscal y tienen derecho a reclamar los perjuicios derivados.

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En la demanda, también señalaron que la Policía es responsable de los daños, pues se evidenció que sus fuerzas fueron desplegadas luego de la comisión del delito y, aunque se recabaron pruebas de que el homicidio venía siendo planeado desde el 2 de mayo de ese año, la institución no tomó las medidas necesarias para prevenir el homicidio.

"Esta omisión se agrava considerando la especial posición del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien, en su calidad de fiscal, mantenía una lucha constante contra el crimen organizado en la República de Paraguay, situándolo en una situación de riesgo permanente", afirmaron.

También agregaron que, en los actos de ejecución y consumación del delito "estuvieron involucrados sujetos con sentencia condenatoria vigente en ese momento, lo que evidencia una omisión en el cumplimiento de los deberes de la Policía Nacional para proteger a la población civil de este riesgo inminente, como se detalla a continuación".