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Vanessa Pérez Díaz - vperez@larepublica.com.co miércoles, 26 de mayo de 2021

La defensa de ISA Interchile estará a cargo de dos equipos legales: Dechert LLP y la firma Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo

La filial chilena de ISA, una de las empresas más importantes del país, formalizó el pasado 17 de mayo una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, mejor conocido como Ciadi.

La razón de este arbitraje de inversión entre ISA Interchile y Chile, es que la compañía ya acumula cerca de 500 días de retraso en la entrada en operación de la megalínea Cardones-Polpaico.

Según puntualizó el Diario Financiero, el retraso registrado es puntualmente en los tramos 2 y 3 de la megalínea. ISA Interchile indicó que eso se debe a “causas de fuerza mayor” por los diversos obstáculos que enfrentaron por los opositores a la iniciativa en la zona de La Dormida.

También detallaron que la defensa de la firma colombiana la harán dos bufetes: el equipo de arbitraje internacional de Dechert LLP; y la firma Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo.

En el primer equipo está el abogado colombiano Eduardo Silva Romero, co-líder del equipo de Arbitraje Internacional del estudio y experto en el área, especialmente en litigios que involucran a Estados y entidades estatales. Ha sido árbitro en más de 100 casos de arbitraje. A Silva Romero, lo acompañarán José Manuel García, socio de la oficina de París de Dechert; Juan Felipe Merizalde, quien trabajó durante 12 años para Dechert LLP antes de abrir su propia oficina en Bogotá en diciembre de 2020; y Catalina Echeverri, asociada en la oficina de París en Dechert LLP.

En cuanto al equipo legal chileno, el mismo está integrado por los abogados Pedro Pablo Gutiérrez, Cristóbal Jimeno y Joaquín Castillo.

“Según ISA, la decisión de llegar al Ciadi se tomó luego de agotar diversas instancias de diálogo, en las que no logró llegar a un acuerdo con el Estado sobre las razones que ocasionaron el retraso en la entrada en operación. De acuerdo a la empresa, el Ministerio de Energía ha cobrado multas por US$72,8 millones por la demora de dos de los tramos de la megalínea, que fueron pagadas en febrero de 2020”, dice la reseña del Diario Financiero.

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