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Daniel Rojas Castañeda - drojas@larepublica.com.co miércoles, 1 de julio de 2020

Se restablecerán las condiciones contractuales pactadas por las partes y se continuará con las órdenes de desalojo

El 15 de abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 579 por el cual se comprometió a impedir los desalojos de arrendamiento en el país hasta el 30 de junio de 2020. Pese a que persiste la situación de emergencia a razón del covid-19, la misma dejaría de funcionar de acuerdo a lo estipulado.

Por lo tanto, a partir de hoy se restablecerán las condiciones contractuales pactadas por las partes e, incluso, se podrán continuar con las órdenes de desalojo, las cuales deberán ser emitidas por un juez.

El Decreto suspendía la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por una autoridad judicial o administrativa que tuviera como fin la restitución de los inmuebles ocupados por los arrendatarios.

Así mismo, se establecía que se aplazaba el reajuste anual a los cánones de arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos durante el periodo comprendido entre la vigencia del decreto y el 30 de junio, bien porque se hubiere acordado por las partes, o por virtud la Ley 820 que habla del reajuste que se hace anualmente.

Otro de los puntos importantes del decreto era que las partes podían llegar a acuerdos sobre las condiciones para el pago de cánones correspondientes y que los contratos que tenían vencimiento se podían prorrogar hasta ayer.

Las medidas aplicaban no solo para los arriendos de vivienda, sino que también funcionaban en la actividad comercial, bien sea el arrendatario una persona natural, micro, pequeña o mediana empresa.

Ahora no solo se podrá aplicar desalojos de acuerdo con lo señalado por la ley, sino que también a falta de un acuerdo entre las partes se podrán hacer exigibles las obligaciones pactadas en el contrato y las que estaban aplazadas por esta norma, tales como: intereses de mora, penalidades, indemnizaciones y sanciones.

En su momento, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, insistió en que la norma no era para afectar a los arrendatarios sino para buscar el beneficio de todos.

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