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Mateo Jaramillo - mjaramillo@larepublica.com.co viernes, 26 de julio de 2013

En la sala de la Corte Constitucional se presentó ayer uno de los debates jurídicos más importantes para la resolución del conflicto en Colombia. Ante los magistrados de la corte, el presidente Juan Manuel Santos defendió el Marco Jurídico para la Paz, que fue aprobado el año pasado y demandado por la Comisión Colombiana de Juristas.

En la reforma constitucional, que busca la reinserción de los actores armados a la vida civil, hay tres puntos que tienen a gran parte de los líderes del país en una discusión acalorada.

Esta norma le permite al Estado prevalecer las investigaciones de los actos cometidos por los “máximos responsables” de violaciones a los derechos humanos.

Así mismo, lo faculta para dejar de investigar “todos” los delitos que no han sido seleccionados para su investigación y pretende investigar a los responsables de “crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

Esos tres aspectos crearon el debate entre la exequibilidad y la inexequibilidad de la norma. Lo primero que hizo el presidente Santos en su intervención, fue disculparse en nombre del Estado con todas las víctimas del país.

“Para el Gobierno y para mí en particular era perfectamente claro que el punto de partida de cualquier solución al conflicto era el reconocimiento y resarcimiento de las víctimas”, dijo el mandatario.

El director de la Corporación Nuevo Arco Iris, Fernando Hernández, afirma que “hay que apostarle a la justicia transicional; por supuesto que si se habla de una guerra tan larga y degrada hay muchas víctimas, pero se necesitan unos básicos mínimos.

La justicia penal tradicional no puede sola”. Sin embargo, hubo fuertes posiciones en contra del marco legal. Uno de los más contundentes fue el procurador Alejandro Ordóñez, quien criticó cada uno de los puntos y pidió a los magistrados que se declararan inhabilitados para tomar decisión o declarar inexequible la reforma.

“Algunos aseguraron que en materia de justicia transicional todo se resuelve, pero cómo hacer eso si se renuncia a la justicia penal”, indicó Ordóñez.

Así mismo, organizaciones que representan las víctimas se mostraron preocupadas por la impunidad. “Al leer la propuesta del Gobierno creemos que tiene un sesgo que limita a las víctimas, y por ende no habría reparación.

Toda vez que no habría justicia”, expresó Clara Rojas directora de País Libre.

Este debate se da un día después de que el Centro Nacional de Memoria Histórica presentara el informe sobre el conflicto armado colombiano contemporáneo ¡Basta Ya! que deja datos aterradores como 220.000 muertos, 27.000 secuestrados, 11.750 masacrados… De esas víctimas, la guerrilla de las Farc tiene un gran número a su nombre.

Cabe mencionar que la Ley de Justicia y Paz cumplió 8 años, y que como marco normativo para la desmovilización paramilitar, reparación de las víctimas y resolución del conflicto, ha sido muy cuestionado.

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