Juan Vicente Balvuena, fiscal del caso del carrusel de la contratación, habría autorizado la orden de traslado que fue rechazada inmediatamente por Martínez, quien aseguró que los clubes de oficiales no deben servir como centros de reclusión para sindicados o condenados por corrupción.
Jaramillo, quien fue enviado a la Unidad por razones de salud y que enfrenta cargos por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, tendría que acatar la reversión del traslado.
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