martes, 16 de abril de 2019
La medida se da en los operativos para terminar con el mercado ilegal de oro.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, remitió al Ministerio de Hacienda un oficio en el que le solicita a esa cartera que tome acciones contundentes para combatir la defraudación en el mercado de oro a nivel nacional. Esta medida se encuentra enmarcada en las acciones que ha adelantado la Fiscalía para combatir uno de los flagelos de legalización de activos que se ha propagado por todo el territorio nacional.
"Estas circunstancias hacen necesario adoptar decisiones que impidan la profundización de las conductas ilícitas", aseguró el fiscal Néstor Humberto Martínez en la carta que dirigió al ministro Alberto Carrasquilla.
Las circunstancias a las que se refiere el fiscal se relacionan con las redes de venta ilegal de oro que ha ido desmantelando la entidad en las últimas semanas. El primer caso que descubrió el ente investigador se relaciona con la Comercializadora Internacional Metales Hermanos y un grupo de proveedores ficticios de oro. Mediante la constitución de empresas fachada, este grupo delincuencial había permitido una operación de lavado de activos cercana a $1,9 billones. En los operativos se reveló que los comercializadores ilegales de oro habían utilizado a miembros de la guardia indígena de la Guainía, para ocultar sus operaciones.
El otro caso que develó la Fiscalía fue la Comercializadora Internacional CIJ Gutierrez y varios de sus proveedores. Durante más de 10 años, los investigadores estuvieron siguiéndole la pista a los movimientos de esta empresa. Los datos revelan que durante este tiempo se habrían realizado compra y venta de oro de forma ficticia; en algunas aparecían personas fallecidas hace muchos años. Según los investigadores, en estas operaciones se habrían lavado $2,1 billones del narcotráfico.
La red criminal de comercialización de oro se transformó, bajo criterio de la Fiscalía, en una cadena de productividad criminal que involucra la afectación al medio ambiente (por la explotación irregular de oro); la venta irregular de oro mediante empresas fachada; y la comercialización internacional del mineral, lo que ha generado incentivos enormes que han llamado la atención de los criminales para camuflar ingresos por el narcotráfico.
Ante esta problemática, Martínez le planteó al ministerio que el monopolio en la compra y venta de oro vuela a recaer en el Banco de la República.
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