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Colprensa sábado, 4 de marzo de 2017

En un comunicado, la Fiscalía explicó que el proyecto que se tramita operaría de la siguiente forma: para capturar a una persona que esté afectando la seguridad ciudadana, se requeriría un certificado del Inpec sobre si habría cupo carcelario adicional y que contara con los mínimos requisitos para respetar y mantener sus derechos humanos. Si el Inpec no puede expedirlo, entonces la persona capturada quedaría en libertad.   

Como primera medida, el fiscal general le pidió al entrante ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que retire este proyecto de ley, pues cree que de ser aprobado “de manera inminente dejaría en libertad a procesados, sin importar la gravedad del delito”. 

“Le pido al nuevo ministro de Justicia que su primer acto para confrontar el delito en Colombia sea retirar de manera inmediata este proyecto que cursa en el Congreso de la República y que debe seguir su trámite el 16 de marzo. Por favor, que se retire ese proyecto”, señaló el jefe del ente acusador, en una visita realizada a la Seccional de Fiscalías de Pereira.

Según cifras entregadas por el Inpec, en Colombia se registra un hacinamiento carcelario de 52,53 %. 

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