Fiscalía acusará a exviceministro de Defensa por contrato con helicópteros MI-17
Los acusados deberán responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, entre otros
25 de agosto de 2026
Coronel del Ejército habría cobrado hasta $30 millones semanales para alertar a disidencias
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la planeación y ejecución del contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
La acusación también cobija al particular Carlos Martín Uribe Forero, al contratista James Lester Montgomerie, al exsecretario general del Ministerio de Defensa Hugo Alejandro Mora Tamaño, al exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal Herbert Arnulfo Buitrago Galán y al entonces comandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
De acuerdo con la investigación, Uribe Forero y Montgomerie se habrían reunido con Suárez Soto para que la compañía extranjera a la que estaban vinculados se quedara con el contrato, pese a que presuntamente no contaba con la idoneidad, experiencia ni capacidad técnica y financiera exigidas para ejecutarlo. La Fiscalía sostiene que para lograrlo habrían contado con la intervención de los otros tres funcionarios involucrados.
Según el ente acusador, durante el proceso contractual no se habría adelantado una convocatoria abierta, sino que se recurrió a la contratación directa. Además, los investigados habrían flexibilizado requisitos habilitantes, ampliado los plazos para presentar cotizaciones y realizado reuniones de estructuración que presuntamente buscaban favorecer al oferente. También se les señala de permitir la entrega de información financiera y técnica que no correspondería a la realidad y de modificar la forma de pago.
Uno de los puntos señalados por la Fiscalía está relacionado con el primer corte de ejecución del contrato. Según la investigación, la modificación de las condiciones habría permitido que se giraran US$16 millones, equivalentes a 50% del valor total del contrato.
Por estos hechos, los acusados deberán responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
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