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Valentina Acosta Fonseca viernes, 22 de enero de 2021

La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción se llevaba a cabo desde el primer semestre de 2020

En las últimas horas, en desarrollo de la estrategia investigativa para combatir la corrupción en la administración pública, la Fiscalía en conjunto con la Dijín capturó a Jesús Alejandro Garzón, un exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación que se desempeñaba hasta el pasado viernes, 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo, por incurrir presuntamente en el delito de concusión.

Este resultado hace parte de las indagaciones que adelanta el ente acusador contra algunos servidores de esa entidad, que al parecer actuaban de manera ilícita en el despacho del exprocurador general Fernando Carrillo.

La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción desde el primer semestre de 2020, a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y otras labores de policía judicial, permitió recopilar elementos probatorios y evidencia física que evidenciarían la probable actuación irregular del servidor en los hechos ocurridos en diciembre de 2019.

Para ese entonces, el sustanciador, en ejercicio de su función y a través de dos personas, al parecer exigió 300 millones de pesos a un senador de la República, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012.

El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.

Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas.

Se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario estaría desarrollando la actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que labora.

Uno de los presuntos perjudicados fue el senador Richard Aguilar, a quien le habría exigido $300 millones para favorecerlo en una investigación relacionada con un contrato, cuando fue gobernador de Santander. Además del senador, también harían sido víctimas de exigencias la exsenadora Aida Merlano y ‘Jesús Santrich’.

Jesús Alejandro Garzón Rincón ingresó a la Procuraduría en 1993. Es funcionario de carrera administrativa. En 2005 siendo funcionario Grado 17 fue nombrado en la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Disciplinarios.

En 2008 de una lista de elegibles fue nombrado asesor Grado 21. Fue procurador Regional Santander desde el primero octubre de 2010 al ocho de agosto de 2011.

Desde el 1 junio de 2016 al 28 de mayo de 2018, cuando se desempeñaba en la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, le fue concedida una comisión especial para desempeñarse como “Procurador Auxiliar Código 017 Grado 05” en la Personería de Bogotá D.C. El 29 de mayo de 2018 la comisión le fue prorrogada hasta por otros dos años (28 de mayo de 2020).

El 20 de diciembre de 2018 renunció a la comisión especial y fue ordenado su reintegro al cargo del que era titular en la Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, a partir del 1 de enero de 2019.

El 17 de diciembre de 2019 luego de que el PGN tuviera conocimiento de la denuncia sobre una presunta exigencia de dinero por parte del funcionario, dio instrucción de solicitar a la Fiscalía General de la Nación y se pidió apoyo al Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

Por recomendación directa de los investigadores de la Dijin Garzón Rincón permaneció en su cargo mientras se avanzaba en la recolección de pruebas que fueron aportadas, desde diciembre de 2019 y ampliadas en el mes de marzo, a la Fiscalía 106 Seccional Bogotá, con miras a la estructuración de un proceso que permitiera solicitar la captura del funcionario e identificar a eventuales cómplices de la red que solicitaría millonarias sumas para el supuesto cambio de fallos.

El 30 de junio de 2020 por Decreto 696 a Garzón Rincón le fueron asignadas funciones en la Procuraduría Segunda Distrital, mientras avanzaba el proceso penal y se hacia efectiva la orden de captura No. 2020-046, de fecha 24 de noviembre.

Internamente, la Veeduría de la PGN abrió proceso disciplinario y suspendió por tres meses a Jesús Alejandro Garzón Rincón.

Según las pruebas que hacen parte del expediente, el investigado coordinaba acercamientos, acuerdos y recibía dinero a cambio de información privilegiada o cambiar el sentido de las decisiones.

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