Visa Inc. and Mastercard Inc. credit cards are arranged for a photograph in Tiskilwa, Illinois, U.S., on Tuesday, Sept. 18, 2018. Visa and Mastercard agreed to pay as much as $6.2 billion to end a long-running price-fixing case brought by merchants over card fees, the largest-ever class action settlement of an antitrust case. Photographer: Daniel Acker/Bloomberg

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  • Diario Financiero - Santiago

martes, 2 de agosto de 2022

Mastercard, en respuesta, acusó que el actuar de la Fiscalía Económica está “faltando al más mínimo principio de objetividad”

El procedimiento para la dictación sobre las condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago que lleva adelante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc) abrió un nuevo flanco para Mastercard y Visa en lo que son los pagos transfronterizos. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ingresó un escrito en donde planteó que el esquema de reglas que imponen las marcas “pueden generar serios riesgos anticompetitivos en el ecosistema de medios de pago”.

Los pagos transfronterizos son las operaciones que hacen las personas en Chile mediante transacciones en plataformas internacionales como Uber, Netflix, Amazon, Amazon Prime, Google, Microsoft y HBO Max, entre otras, que dan la posibilidad de no pagar comisiones adicionales por estas compras internacionales desde Chile, más allá de pagar el IVA.

Ante esto, Visa y Mastercard han desplegado diferentes reglas a los adquirentes y los procesadores de pagos ante estas operaciones. Visa las prohibió y Mastercard impuso cargos por estas transacciones.

Ambas reglas internas han sido objeto de una serie de cuestionamientos por parte de diversos actores de esta industria. Ante esta situación, la FNE declaró su preocupación debido a que las marcas “se han arrogado, respectivamente, la potestad de definir qué transacciones son domésticas y cuáles no”.

La Fiscalía consideró que sus reglas “exceden el ámbito de intereses privados de las marcas y de quienes participan en sus sistemas de pago, pues de esa definición se desprenden consecuencias jurídicas y económicas establecidas por la regulación sectorial nacional que, por primacía normativa, las reglas de las marcas no pueden alterar”.

Hizo ver que “dejar a la discrecionalidad de las marcas la definición y distinción entre estos tipos de transacciones las sitúa en una manifiesta posición de autotutela, mediante la determinación unilateral de condiciones comerciales que pueden generar serios riesgos anticompetitivos en el ecosistema de medios de pago”.

La FNE planteó que estos riesgos quedan latentes ya que “podrían estar generando efectos directos sobre la competencia en la actualidad”. Esto quedó demostrado a juicio de la Fiscalía mediante las acciones legales que han impulsado PayU, Dlocal y Ebanx ante el TDLC.

Los antecedentes

Según expuso la FNE ante el Tribunal, Visa se encuentra desarrollando un programa para aceptar transacciones transfronterizas y procesarlas a través de red de pagos en países como Argentina, Colombia y Perú.

A juicio de la FNE, “esto demuestra un tratamiento disímil entre jurisdicciones, sin que exista mayor justificación de las razones por las cuales en Chile supuestamente se protejan de manera más estricta ciertos bienes jurídicos prohibiendo las transacciones transfronterizas, pero no así en otros países de la región”.

Asimismo, Mastercard reconocería que la inscripción a su programa “conlleva un encarecimiento general de las transacciones, en beneficio de la marca”, según expresó la Fiscalía.

Por ello, remarcó que “permitir que las marcas definan según su propio interés la naturaleza geográfica de una transacción y de su correspondiente afiliación las deja en una evidente posición de autotutela, generando riesgos de daños anticompetitivos en la industria de medios de pago, ya que les permite arbitrar a su mejor conveniencia tanto la tasa de intercambio como los costos de marca aplicables a uno u otro tipo de transacción”.

El rol del Banco Central

Ante el conflicto que se abrió en la industria de medios de pago, la FNE recurrió al Banco Central para conocer en detalle la normativa sobre los pagos transfronterizos.

De acuerdo con el documento escrito por la presidenta del ente rector, Rosanna Costa, expresó que está al tanto de las fricciones que existen sobre este tema.

Costa planteó que “esa situación debiera ser resuelta entre las partes concernidas, de acuerdo con los convenios y contratos celebrados entre particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que resulten aplicables, cumpliendo con la normativa general referida, además de atenerse a las normas de funcionamiento del respectivo sistema de tarjetas que procedan”.

No obstante, la presidenta del Central matizó que lo anterior es sin perjuicio “del eventual ejercicio de las potestades públicas confiadas a los organismos encargados de velar por la libre competencia en los mercados, en caso de establecerse la existencia de riesgos o conductas contrarias a dicho bien jurídico protegido, materia sobre la cual no le compete pronunciarse al Banco Central”.

Un punto que levantó Costa fue que en el marco del proceso que lleva adelante el TDLC deben precaverse que las medidas sean armónicas con los objetivos del Banco Central.

Argumentó que se debe buscar el “resguardar la continuidad de la cadena de pagos respecto de las entidades afiliadas; y el funcionamiento del referido mercado bajo condiciones de eficiencia y eficacia, dotado de resguardos operacionales y de seguridad adecuados, y de certeza jurídica”.

La defensa de Mastercard

Mastercard salió a defenderse y exclamó ante la posición de la FNE que “son calificaciones que debemos rechazar categóricamente. Son imputaciones injustas, erróneas, que denotan falta de conocimiento sobre la relevancia de la regulación sectorial chilena e internacional y, por cierto, injuriosas”.

La marca de tarjeta acusó que la FNE que está “faltando al más mínimo principio de objetividad que toda autoridad debe seguir en sus actuaciones”.

Defendió las reglas que estableció para procesar las operaciones transfronterizas puesto que “desconocer o cuestionar la facultad de una plataforma para establecer las reglas y condiciones bajo las cuales deban operar los actores que interactuarán en ella es, ciertamente, amenazar la existencia y viabilidad de este tipo de sistemas”.

Añadió que el marco que estableció se “encuentra fundamentado en la necesidad de asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos y el mercado financiero, que son pilares fundamentales para una economía próspera y sana”.

En su escrito, la marca volvió a criticar a los actores de la industria de medios de pago que buscan esquivar el programa diseñado para procesar las transacciones transfronterizas.

Apuntó que “resulta inaceptable que quieran desarrollar su actividad usando de manera ilegítima la marca Mastercard, poniéndola en riesgo con reguladores en cientos de países, y afectando la esencia de nuestra promesa de valor, como es la gestión de pagos de manera segura, eficiente y en cumplimiento de la regulación”.

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