Fiscalía imputa a exgobernador del Chocó por irregularidades en contratos de licores
El ente lo acusó de eximir a una empresa privada del pago de impuestos, generando un posible detrimento de $14.154 millones
09 de febrero de 2026
La Fiscalía General de la Nación vinculó al exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, a una investigación por presuntas irregularidades en la gestión de rentas departamentales. El ente acusador señala que, durante el periodo comprendido entre 2008 y 2010, el entonces mandatario habría direccionado procesos de contratación relacionados con la distribución y comercialización de licores en la región.
Las pesquisas indican que los contratos se adjudicaron a una industria licorera del interior del país omitiendo los principios de la contratación pública y las ordenanzas departamentales vigentes. Según la hipótesis de la Fiscalía, las condiciones del proceso fueron diseñadas para favorecer específicamente a dicha empresa, evitando la libre concurrencia de otros oferentes en el mercado.
Uno de los puntos centrales del expediente es la inclusión de una cláusula contractual que exoneraba a la empresa contratista del pago del impuesto al consumo. Esta disposición técnica permitía que la licorera no transfiriera el 12% del tributo exigido por la ley, lo cual derivó en una afectación directa a los recursos económicos destinados al departamento.
El monto total del presunto detrimento patrimonial se estima en $14.154 millones, cifra que la empresa privada habría retenido basándose en las condiciones establecidas por el exgobernador. La investigación sugiere que el beneficio económico para el particular se concretó mediante la falta de aplicación de las normas tributarias y contractuales obligatorias para los servidores públicos.
Ante estos hechos, la Fiscalía imputó a Sánchez Montes de Oca los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el procesado manifestó que no acepta las responsabilidades atribuidas, por lo que el proceso judicial continuará en las etapas correspondientes para determinar su situación jurídica.
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