Fiscalía imputó al exdirector de Función Pública y siete personas más por caso Ungrd
Entre marzo de 2023 y mayo de 2025, César Manrique facilitó y gestionó la entrega de $100.000 millones de un convenio a la ANT y cobró coimas de 7%
02 de julio de 2025
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La Fiscalía General imputó ante una juez de garantías de Bogotá a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
La entidad también imputó a otras siete personas que participaron en el escándalo, comenzando por el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratista de la Ungrd; Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, respectivamente; Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de la dirección del Dafp; y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la Ungrd.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia los imputó por su rol y grado de participación individual por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Fiscalía imputó al exdirector de Función Pública, Cesar Manrique, por el caso Ungrd
Entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha facilitó y gestionó la entrega de $100.000 millones de un convenio a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Por esta labor, solicitó redireccionar los contratos que surgieran de estos recursos y una coima de 7%.
Estos contratos direccionados están relacionadas con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de los mismos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.
Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de riesgo de la Ungrd, acudió al abogado Riveros Rey para que escogiera las empresas y particulares que participarían en las invitaciones a contratar y definiera la asignación de cada uno.
La Fiscalía también encontró que Romero Hernández y Cárdenas Angulo estructuraron los procesos contractuales, ajustaron las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para favorecer a los contratistas. Los procesados habrían entregado información reservada y aprobaron la selección de los adjudicatarios definidos con antelación.
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Otro de los hallazgos es que, en octubre de 2023, suscribió un contrato para adquirir 40 carrotanques pequeños para llevar agua potable a las comunidades indígenas en La Guajira, por un valor de 29.000 millones. La proveeduría se adjudicó ilícitamente a la Corporación Mixta Yapurutú.
La pesquisa también arrojó que Echeverri Toro y Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de dicha corporación, realizaron actos ilegales como la presentación de una propuesta comercial con sobrecostos, la falsificación de documentos privados, la solicitud del desembolso del contrato sin haber entregado los vehículos y el pago de coimas.
El suministro de carrotanques presentó un sobrecosto de $13.164 millones, de los cuales se entregaron una coima de 3.000 millones a Manrique, al tiempo que se consolidó un peculado en favor de Riveros Rey por $2.060 millones y de $6.380 millones para los directivos de Yapurutú.
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