Fiscalía investiga irregularidades tras la tragedia del Monster Truck, en Popayán

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Luego del evento Monster Truck en Popayán, que dejó un saldo de tres muertos y más de 50 heridos, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control están investigando la cadena de mando y las responsabilidades detrás del accidente. Además, las familias de las víctimas adelantan acciones judiciales para exigir respuestas de los organizadores y funcionarios de la Alcaldía.

Todo comenzó el 3 de mayo de 2026, cuando un vehículo modificado de seis toneladas, conocido como La Dragona, arrolló a la multitud debido a la ausencia de barreras de seguridad adecuadas y a un plan de contingencia que resultó ser insuficiente y desactualizado para este tipo de eventos.

La investigación judicial se centraría en la conductora del vehículo, el organizador del evento y también en los funcionarios de las secretarías de Gobierno y Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Popayán que firmaron las autorizaciones para el espectáculo.

A pesar de que el evento contaba con la autorización formal de las autoridades municipales, este fue autorizado usando soportes que tenían vigencia para una fecha anterior del espectáculo. Los soportes de la Cruz Roja, la Policía, la empresa de logística, de Urbaser y de Bomberos tenían la fecha del 26 de abril y no del 3 de mayo.

Además, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo aprobó el plan de contingencia previamente, pero con la condición obligatoria de realizar una verificación en campo, la cual no se llevó a cabo.

Este plan resultó ser insuficiente para atender la emergencia, debido a que no estaba equipado con las herramientas suficientes para un vehículo de alto riesgo, como los del espectáculo de Monster Truck. También llama la atención que, aunque solo se autorizara la venta de 1.000 boletas en localidad general, la publicidad del espectáculo ofrecía zonas VIP y Élite sin que existieran barreras de contención calculadas ni zonas de exclusión.

Fabián Naranjo, abogado que adelanta la gestión jurídica en representación de las víctimas y sus familias para exigir responsabilidades por los hechos, informó de la radicación de solicitudes oficiales ante la Alcaldía y la Fiscalía para ver los reportes de boletería, pólizas de responsabilidad, actas del Puesto de Mando Unificado y el estado actual de la investigación.