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Colprensa viernes, 15 de agosto de 2014

“Hoy se radicará ante el honorable Tribunal de Bogotá la solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de la doctora Sandra Morelli Rico, contralora general de la República, por el delito de contrato, sin el cumplimiento de los requisitos legales”, señaló el funcionario.

Esta actuación fue iniciada con base en la denuncia presentada por Carlos Abel Saave dra Zafra , presidente de uno de los sindicatos de trabajadores de la Contraloría General de la República, quien informó de la presunta existencia de irregularidades en el proceso de arrendamiento de las instalaciones que actualmente ocupa esa entidad (Edificio Gran Estación II).

Las irregularidades de la contralora
Burbano detalló las irregularidades dentro de los contratos de arrendamiento de la nueva sede del organismo, detectadas por los investigadores.

Primero. – El desconocimiento del principio de planeación. Lo anterior porque no se adelantaron estudios técnicos tendientes a establecer si los dos edificios ubicados en el centro de la ciudad presentaban fallas estructurales que impidieran el cabal desarrollo de las labores constitucionalmente encomendadas a la Contraloría General de la República.

Segundo. – El principio de transparencia también pudo ser desconocido en el trámite contractual aludido. Los documentos con los que se soportó la suscripción de los contratos de arrendamiento son simples conceptos y recomendaciones de organismos y entidades que no tienen capacidad técnica para hacer un diagnóstico estructural respecto de tales edificaciones.

Tercero. – Existieron graves irregularidades en los estudios de mercado que llevaron a la suscripción de los contratos cuestionados. Estos se realizaron con fundamento en una mera comparación de precios extraídos de una página web.

Cuarto. – Pudo afectarse también el principio de selección objetiva. Se desnaturalizó el contrato de arrendamiento para incluir en el mismo la adquisición de: ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliario, entre otros, con pagos amortizados a 10 años o, en todo caso, al momento de darse por terminado el contrato.

Quinto. – Pudo haberse violado también el principio de economía, porque aun cuando existían ofertas más favorables del mismo contratista, sin mayor motivación, el contrato fue suscrito con un sobrecosto cercano al 10% respecto de la oferta inicial recibida por la Contraloría.

Finalmente, el Coordinador del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía señaló que,”La Fiscalía sí va a solicitar que se imponga medida de aseguramiento, pero no para que vaya a una cárcel, sino con la finalidad que de prohíba que salga del país, pues cuenta con doble nacionalidad y para el ente acusador existe el riesgo de que pueda abandonarlo (…) Dicha medida se juzga suficiente para asegurar su comparecencia al proceso penal”.

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