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Colprensa Martes, 13 de marzo de 2018

El ente consideró que Dávila Peña “lesionó la administración pública”.

En medio de la audiencia de alegatos que se adelantan en el Complejo Judicial de Paloquemao contra el abogado Álvaro Dávila Peña, la Fiscalía General de la Nación solicitó una condena superior a los 16 años por la presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.

Para el ente acusador la cercanía de Álvaro Dávila con el exalcalde Samuel Moreno y el excongresista Iván Moreno les permitió interferir en la forma de administrar, mientras Moreno fungió como alcalde mayor de Bogotá.

Así, la Fiscalía confirmó que Dávila Peña, supuestamente, realizó negocios y elaboró contratos de prestación de servicios, entre otras acciones.

De acuerdo con las investigaciones, “los hechos de corrupción ocurrieron desde noviembre de 2007, hasta junio del año 2010; tiempo en el que habría sido acordada la apropiación de recursos de Bogotá entre el abogado, los contratistas Emilio José Tapia Aldana y Héctor Julio Gómez González, el entonces alcalde Samuel Moreno Rojas y el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas (hermano del exmandatario de la capital)”.

Estos hechos los soporta la Fiscalía con las supuestas reuniones que sostuvo en su oficina el abogado y los contratistas Miguel y Guido Nule, además del ingeniero Mauricio Antonio Galofre Amín.

Del mismo modo, la Fiscalía cuenta con “evidencias de reuniones en el apartamento de Álvaro Dávila Peña, con el exsenador Iván Moreno y Luis Eduardo Montenegro, funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)”.

Las pruebas de la Fiscalía

El ente acusador avanza con las investigaciones “a los contratos de malla vial del IDU 071 y 072 de 2008, y los contratos de interventoría 091 y 093 de 2008. Respecto de los dos primeros, el fiscal en sus alegatos finales señaló que tuvieron inconvenientes con el manejo de los dineros del anticipo, baja ejecución en los frentes de obra, multas y fueron cedidos”.

“Dávila Peña tomó la función de los servidores públicos y participó en el trámite de adjudicación de esos contratos, a través de funcionarios tales como Liliana Pardo Gaona, (exdirectora del IDU), Ana María Ospina (directora de Gestión Corporativa del IDU) Inocencio Meléndez Julio (subdirector Jurídico del IDU), Aldemar Cortés Salinas (subdirector de ejecución técnica del IDU), esencialmente” afirmó el fiscal del caso.

Por estos hechos la Fiscalía consideró que Dávila Peña “lesionó la administración pública”, al tomar la función de los servidores públicos y no obrar con imparcialidad en su gestión.

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