Fiscalía pidió extinción de dominio contra 883 bienes de Drogas La Rebaja
La Fiscalía General de la Nación profirió resolución de procedencia dentro del proceso de extinción de dominio contra 883 bienes, 8 sociedades y un bien inmueble de la reconocida cadena de droguerías Drogas la Rebaja y la Cooperativa Copservir Ltda, por estar aparentemente relacionados con delitos de narcotráfico.
“Los bienes inmuebles estarían avaluados en US$25 millones”, así lo afirmó el coordinador de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, Julián Quintana.
La operación se llevó a cabo luego de establecerse que en esos establecimientos habría ingresado dineros del cartel de Cali por parte de los conocidos capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, extraditados a EE.UU.
Los establecimientos comerciales estarían ubicados en diferentes puntos del territorio nacional y ahora pasarán a manos del Estado.
Según Quintana la decisión de extinción de dominio habría tardado unos 10 años mientras el ente acusador recopilaba todos los elementos materiales probatorios y hacía el respectivo estudio de investigación.
La solicitud de extinción de dominio fue presentada ante un juez, quien será el que defina la situación de los bienes que tienen medida cautelar desde 2003 y se encuentran bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Por otra parte, la Fiscalía llamó a juicio, luego de radicar la resolución de acusación por lavado de activos, a tres directivos de la Cooperativa Copservir y varios familiares de los Rodríguez Orejuela.
Según el CTI, los bienes que inicialmente eran propiedad de los narcotraficantes Miguel y Gilberto Rodríguez, pasaron en 1990 a manos de miembros de su núcleo familiar por medio de la cesión de las acciones.
Posteriormente, para el año 1996 los representantes de Drogas La Rebaja en Cali, Barranquilla, Bogotá, Pereira, Neiva, Bucaramanga y Drogas Cóndor, los Rodríguez habrían vendido los establecimientos de comercio por un valor de $35.000 millones, a través de 76 contratos de compraventa y títulos valores, a la Cooperativa Multiactiva de empleados de la Distribuidora de Drogas, Copservir Ltda; constituida por servidores de la cadena de droguerías.
Quintana afirmó que el traspaso de las companía solo se había realizado en papel, “se pudo establecer que los empleados tenían pleno conocimiento de que los bienes tenían origen ilícito y las utilidades seguían siendo entregadas a los testaferros de los hermanos Rodríguez Orejuela, los cuales reconocieron ante una corte en EE.UU., que lavaron más de US$2.000 millones con estas empresas”.
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