Fiscalía reactivó orden de captura contra alias Calarcá por presuntos delitos actuales
Se señalan presuntas infiltraciones de las disidencias en el Ejército y la DNI, lo que cuestiona el proceso de la negociaciones de paz
30 de marzo de 2026
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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitó la reactivación de la orden de captura contra el cabecero de las disidencias de las Farc conocido como alias Calarcá. La funcionaria fundamentó esta petición en el hallazgo de pruebas que indican la continuidad de actividades delictivas por parte del señalado, quien actualmente mantiene suspendidos sus requerimientos judiciales debido a su participación en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.
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El ente acusador sostiene que la permanencia de estos beneficios es incompatible con las acciones documentadas en las investigaciones recientes. El análisis de dispositivos electrónicos incautados en julio de 2024 en el departamento de Antioquia permitió a la Fiscalía verificar comunicaciones internas del grupo armado.
Según la información reportada por la institución, los registros contienen evidencia sobre la planeación y ejecución de homicidios, incluyendo el caso de un líder social, así como reportes directos sobre el cumplimiento de estas órdenes dirigidos a alias Calarcá. Estos elementos técnicos contradicen el compromiso de cese de hostilidades requerido en el marco de las negociaciones.
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La investigación también reveló indicios sobre la presunta infiltración de las disidencias en organismos de seguridad y de inteligencia del Estado. La fiscal general confirmó que se analizan nexos entre la organización armada y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y del Ejército Nacional. Específicamente, se mencionan procesos en curso ante la Corte Suprema de Justicia que involucran a altos mandos que habrían mantenido vínculos con la estructura criminal mientras esta participaba en el proceso de paz.
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Diversos sectores políticos y autoridades regionales manifestaron sus cuestionamientos ante estos hallazgos, señalando una posible desprotección institucional y el fortalecimiento militar del grupo armado bajo el amparo de la figura de gestores de paz. Las críticas se centran en el tiempo transcurrido para el procesamiento de la evidencia técnica y en la permanencia de beneficios judiciales para individuos vinculados con delitos graves, como el reclutamiento de menores y la expansión territorial, ocurridos durante el periodo de acercamiento con el Ejecutivo.
Hasta el momento, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Gobierno Nacional no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la solicitud de la Fiscalía ni sobre las pruebas de infiltración en las agencias estatales.
La situación jurídica de los delegados del grupo armado queda sujeta a la decisión sobre la vigencia de las órdenes de captura, en un contexto donde el ente investigador ratifica que los elementos probatorios demuestran un aprovechamiento del escenario de diálogo para fines ajenos a la terminación del conflicto.
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