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jueves, 7 de diciembre de 2017

Por estos hechos ya habían sido capturados el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y su secretaria de Educación

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Islaida Cecilia Mindiola Arenas, investigada por presuntas irregularidades en al Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Riohacha.

De acuerdo con el ente acusador, la mujer deberá responder por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Mindiola Arenas es investigada por presuntas irregularidades en el convenio número 02 que se suscribió el 23 de febrero de 2016, documento que fue firmado entre el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y el Representante Legal de la Asociación Social del Caribe (Asocar).

El convenio tenía como objeto beneficiar a 16.630 estudiantes, entre niñas, niños y adolescentes matriculados en el Sistema de Matrículas Estudiantil (Simat) vigencia 2016, jornada única y establecimientos focalizados en la zona rural e indígena del distrito de Riohacha.

Según la Fiscalía, para dicho convenio “se designó como supervisora a la señora Isladia Cecilia Mindiola Arenas, quien, según la investigación, habría adjudicado el contrato a Asocar, pese a que la propuesta fue presentada de manera extemporánea”.

Conocido esto, la mujer habría vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva. Sin embargo, el Estado habría destinado $5.713 millones para la ejecución del convenio, de los cuales se habrían apropiado de forma irregular de $1.176 millones.

Así mismo, la Fiscalía pudo establecer que el contrato no cumplió con la totalidad de lo pactado ni en las fechas acordadas. Además, encontró que en muchos casos no se entregaron alimentos, hubo duplicidad de nóminas y sobrecostos en el transporte.

Por estos hechos ya habían sido capturados el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y su secretaria de Educación, Dilvey Yensith Acosta Novely, a quienes les imputaron los delitos de peculado por apropiación, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

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