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Judicial

MinJusticia pidió investigar presuntas presiones a exparamilitares en reuniones de Valledupar

El ministro pidió esclarecer si hubo ofrecimientos de beneficios judiciales a exparamilitares para obtener testimonios contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras

19 de octubre de 2026

Paula Andrea Marín Lara


Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

El ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar los hechos denunciados sobre las reuniones realizadas en Valledupar en octubre de 2025, en las que presuntamente se habría buscado que antiguos jefes paramilitares declararan contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

La petición, dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, se fundamenta en las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, y en publicaciones periodísticas sobre los encuentros. Según estos señalamientos, se habrían ofrecido beneficios y mejores condiciones penitenciarias a cambio de testimonios contra las tres figuras políticas.

A estas versiones se sumó el relato del abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de Salvatore Mancuso, quien afirmó haber presenciado las reuniones. Según su testimonio, los encuentros se convocaron para tratar la reapertura del proceso de Ralito, pero presuntamente se habría solicitado a los exparamilitares declarar contra las personas mencionadas. Villamizar señaló a Rodríguez y al entonces asesor presidencial Víctor de Currea Lugo como quienes habrían transmitido la solicitud, supuestamente por instrucciones del entonces presidente de la República.

En el documento, Cancino pidió establecer quiénes participaron en las reuniones, quién las convocó y cuáles fueron sus objetivos. También solicitó verificar si existieron presiones, promesas de beneficios o intentos de presentar denuncias, declaraciones o pruebas falsas ante las autoridades.

El ministro planteó que se determine si los hechos ya hacen parte de una indagación que, según información publicada el 13 de octubre de 2026, adelanta la Dirección Especializada contra la Corrupción, o si es necesario abrir una línea investigativa específica. Además, pidió valorar la recepción de testimonios.

Cancino señaló que los hechos podrían llevar a examinar delitos como falsa denuncia contra persona determinada, falso testimonio, soborno y fraude procesal, dependiendo de las pruebas que se obtengan.

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