Freshfields y Dechert, bufetes detrás del pleito entre Glencore y el Estado

En juego no solo está la intención de revertir el pago de una sanción de $60.000 millones sino una indemnización multimillonaria por modificar un contrato que se pactó inicialmente con una vigencia de 30 años, que según fuentes podría rondar los US$1.000 millones.

Este es el primer caso en el que el Gobierno se enfrenta internacionalmente por una demanda al acuerdo de la protección a la inversión que Colombia ha firmado con varios países, entre ellos Suiza. No en vano, la defensa está en manos de juristas de reconocida trayectoria. Glencore contrató al bufete Freshfields, mientras el concurso que hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que participaron más de 20 bufetes, dejó como ganador a Dechert LLP, cuyo grupo de arbitraje dirige el abogado colombiano Eduardo Silva Romero.

Cabe recordar que en mayo del año pasado, la Contraloría General de la República profirió un fallo por  responsabilidad fiscal contra el exministro de Minas y Energía Hernán Martínez, el exdirector de Ingeominas (hoy  denominado Servicio Geológico Colombiano) Mario Ballesteros, el director técnico de dicha entidad José Fernando Ceballos y contra la firma Prodeco (filial de Glencore). El ente de control advirtió que  en 2010 se firmó un otrosí en el contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas y Prodeco, sin los debidos estudios y planeación adecuada.  

Por esta acción, el país pasó de recibir $129.512 millones en regalías a $77.298 millones. Dicha reducción de recursos que debió recibir el Estado como contraprestación por la explotación de carbón, estaba destinado a suplir necesidades básicas en municipios de César como Becerril, La Jagua de Ibiríco y El Paso. Por cuenta de la sanción, las partes tuvieron que renegociar el contrato y, ese cambio de reglas, es lo que demanda Glencore.

Hernando Herrera, director del posgrado en Arbitraje de la Universidad del Rosario explicó que en la experiencia de la región, los países más demandados han sido históricamente Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina.  

 “Lo que se discute generalmente contra estos países son cambios radicales en las reglas de juego como privatización. En Colombia  con Glencore la variación en las reglas de juego es más discutible pues tiene el Gobierno que manifestar que son condiciones que se encontraban dentro de los eventos posibles en el contrato. Adicional, hay que evaluar que  la sanción fue impuesta por la Contraloría, un ente control independiente del ejecutivo”, indicó Herrera. 

Por su parte, Jorge Di Terlizzi, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, expresó que todo arbitramento internacional debe ser objeto de un especial cuidado por parte del Gobierno, alcanzando un análisis juicioso  de hasta dónde el eventual cambio de reglas puede generar un mensaje de inseguridad jurídica para inversionistas. 

“Esto es un arbitramento excepcional  porque no tiene precedentes para Colombia y cabe resaltar que los abogados de parte y parte son muy reconocidos mundialmente”, agregó Di Terlizzi.

Las cartas ya están sobre la mesa y según expertos, la decisión final de este caso podría tardarse cerca de un año. Sin embargo, el Estado no la tendrá fácil ni en este ni en otros pleitos que se avecinan como las demandas de Cosigo, Eco Oro y Tobie Mining, firmas internacionales que  exigirán indemnizaciones superiores a US$16.000 millones por cambios en las reglas mineras.  

Las opiniones

Hernando Herrera
Director del posgrado de arbitraje en la Universidad del Rosario
“El Estado debe argumentar que no obedeció a cambio en reglas de juego, sino a condiciones que se encontraban dentro de los eventos previstos del contrato. Adicional, fue una medida de la Contraloría”. 

Jorge Di Terlizzi
Socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
“Esto es un arbitramento excepcional para Colombia porque no tiene precedentes. Cabe resaltar que los abogados escogidos de parte y parte son muy reconocidos mundialmente”.