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Colprensa jueves, 2 de octubre de 2014

Según explicó el senador Roy Barreras, se crearía un Tribunal de Instrucción conformado por magistrados auxiliares nombrados por el Congreso, para adelantar las investigaciones contra los aforados, valga decir, magistrados, Fiscal y Presidente de la República.

La etapa de juicio político la desarrollaría el Congreso y el juzgamiento en materia penal lo adelantaría la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Este Tribunal será el que defenderá el Gobierno Nacional, según explicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, al indicar que la idea es volver a la primera ponencia que hubo en este caso en el Congreso.

"La original que se presentó como ponencia que reduce las funciones del tribunal de aforados a investigación, dejando el juzgamiento de naturaleza política en el Congreso y de naturaleza jurídica en la corte, esa es la tesis en la que el Gobierno va a insistir", señaló Reyes.

No obstante, sobre este punto, la senadora Claudia López manifestó su desacuerdo con esta posición, pues en su criterio el Tribunal de Aforados debería también juzgar para eliminar así la inoperancia que se vive actualmente con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“No tenemos acuerdo en que ellos quieren seguir teniendo un juicio político ante el Congreso de la República, eso es una impunidad de facto, por esas razones no funcionaba la Comisión de Acusaciones, por esas mismas razones ningún congresista tendría las garantías de que va a hacer juez de su propio juzgador", apuntó.

En ese sentido, López manifestó que la reunión fue productiva y que se escucharon los puntos de vista, pero recordó que el Congreso es autónomo para tomar sus decisiones.

Durante la reunión se reconoció por parte de algunos congresistas que el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, tiene razón cuando planteó en la reunión que dicho Tribunal podría acabar con el concepto de órgano de cierre que tienen actualmente las altas Cortes.

Según el Fiscal, el Tribunal atenta contra la autonomía de la Rama Jurisdiccional, rompe con el concepto de órgano de cierre y atenta contra la garantía institucional.

López, no obstante, aseguró que las decisiones de los jueces ya tienen unos mecanismos de cierre en el derecho colombiano y que no hay interés de cambiar eso.

"Los fallos de los jueces y las decisiones judiciales serán inviolables ante este nuevo tribunal, este tribunal no es para disputar los fallos que en derecho toman los jueces y el fiscal, este tribunal es para juzgar las eventuales conductas", apuntó.

Igualmente, el senador Hernán Andrade explicó que “seguramente cambiaremos el origen de conformación del Tribunal, miraremos el tema de garantizar las decisiones judiciales de las Cortes. Aquí quedaron muchas lecciones y vamos a acoger parte de sus recomendaciones”.

En la reunión, igualmente, se planteó por parte del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, que el proyecto estaba dando mucho poder al Congreso a la hora de elegir a los integrantes del Tribunal.

Se ha conocido además, que se avalaría incluir como aforados al Procurador, al Contralor y al Defensor del Pueblo.

En la reunión también estuvieron presentes la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas; la presidenta de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, María Mercedes López; el vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Pretelt; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Francisco Ricaurte; y los senadores Armando Benedetti, Horacio Serpa, José David Name y Jaime Amín

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