Gobierno prepara una ley de sometimiento para los grupos armados ilegales

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El Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto de ley de sometimiento, que presentaría mañana y que estaría dirigido a integrantes de estructuras armadas ilegales que decidan abandonar las actividades criminales y acogerse a la justicia. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Justicia, plantea un mecanismo voluntario con condiciones previamente definidas por el Estado, sin que sea necesario reconocerles estatus político a estas organizaciones.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, enfatizó en que este mecanismo será completamente diferente a una negociación de paz, debido a que los grupos que quieran acogerse deberán aceptar las condiciones establecidas por las autoridades. La iniciativa busca que el Estado fije las reglas del proceso, sin abrir una mesa para negociar los términos con las estructuras criminales.

Uno de los puntos centrales es que el proyecto no contempla excarcelaciones para quienes ya se encuentren privados de la libertad. El Gobierno también estudia qué tipo de beneficios jurídicos podrían aplicarse a quienes se sometan a la justicia, siempre y cuando, estén establecidos dentro del marco constitucional y legal.

La propuesta se construye con la participación de distintas entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Justicia y del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y diversos organismos que hacen parte del Consejo de Política Criminal. La intención es avanzar en un texto que pueda ser presentado al Congreso.

Cancino señaló que el Gobierno busca contar con una herramienta jurídica para atender los casos de estructuras que manifiesten su intención de abandonar las actividades ilegales. En ese sentido, durante el día de mañana se continuarán las conversaciones entre las entidades involucradas para definir las condiciones del mecanismo, y que se puedan acoger lo más pronto a este.

El proyecto se diferenciaría así de los procesos de negociación con grupos armados, pues el objetivo sería facilitar su sometimiento a la justicia bajo reglas establecidas por el Estado. Los detalles sobre las penas, eventuales beneficios y procedimientos todavía están en construcción y deberán quedar definidos en el texto que llegue al Congreso de la República.