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Andrea Mancera Rojas - amancera@larepublica.com.co Jueves, 16 de agosto de 2012

En la Cámara de Representantes se llevó a cabo la discusión sobre el problema de Derechos Humanos que viven los internos de las cárceles del país. El debate que fue citado por la comisión de Paz y Derechos Humanos de la corporación legislativa.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, fue enfática en señalar que si bien las soluciones que propone ayudarán a descongestionar el sistema, este es un tema de política pública. La jefe de la cartera de Justicia señaló los temas del hacinamiento, el sistema de salud para los internos, la deficiente planta de personal con el que cuentan las cárceles y la vetustez de los centros penitenciarios.

Frente al problema de hacinamiento, la funcionaria señaló que existe un proyecto de construcción para hacer seis megacárceles. "26 mil nuevos internos podrán ser albergados haciendo ampliaciones a los centros penitenciarios de Puerto Triunfo, Jamudí, Valledupar y Armenia", dijo.

Así mismo, propuso asociaciones público-privadas, por medio de las cuales un particular construye un centro penitenciario "y luego se le entrega para efectos de pagarle el alojamiento de cada interno durante un plazo de 20 años para sufragar el costo del nuevo penal".

La funcionaria se defendió de las acusaciones que señalan que se van a liberar a los presos que tengan hasta 10 años de condena. "Hemos pensado en medidas de deshacinamiento de carácter legal. Se ha entendido que vamos a liberar a las personas hasta con 10 años de condena, pero la única solución que he propuesto es a través de la norma que hoy existe. Hay normas que permiten la libertad condicional, que el interno luego de que haya cumplido las dos cuartas partes de la condena, y una vez cumplida, si además reúne unas condiciones que a juicio del juez se dan, puede tener la libertad condicional".

Correa anunció que no se pueden seguir manejando centros con cero hacinamiento, mientras que en otros hay una tasa del 400% y que se necesita urgentemente una reasignación de los presos a diferentes penales.

"Dentro de los mismos centros hay que hacer redistribución. Existen patios en donde hay 4 o 5 internos, mientras que en otros hay 100 o 200. Eso resulta inequitativo. Hay que encontrar la fórmula para redistribuirlos. Hay cosas que pueden hacerse de manera inmediata. Si no del todo, por lo menos aminorar los centros penitenciarios", afirmó.

Frente al problema de la salud de los internos, la Ministra anunció que debido a los problemas que presenta Caprecom, y ya que el Inpec debe contratar con una EPS pública de carácter nacional, contratarán otra EPS. "Hay una negociación con la Nueva EPS que está en mejores condiciones de asumir este asunto. Intentamos una negociación con la Policía, pero esta no contaba con la infraestructura para atender a la población reclusa, por lo cual no pudimos darle a la policía esa concesión".

Por otra parte, anunció que el personal con que cuentan las oficinas jurídicas del Inpec es insuficiente. Por lo tanto, el Ministerio hizo un llamado a todas las universidades que dictan derecho a que envíen "estudiantes y practicantes para que ayuden a desatar el nudo de las cárceles y que pidan los beneficios a los jueces para que analicen los casos".

La Ministra llamó la atención del Legislativo cuando señaló que "el problema no es solo del Gobierno: es que en los últimos años ha aumentado en proporción el número de leyes, y eso no permite que esa situación sea atacada de manera inmediata".

"Esta institución debe pensar cómo una ley puede tener efectos en la situación de hacinamiento. Por eso, cualquier política, cualquier modificación del Código Penal debe partir del supuesto del impacto que se producirá en las cárceles y en su presupuesto. Siempre se debe analizar todo el engranaje antes de adoptar cualquier decisión", dijo.

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